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En Facebook puedes encontrar todo tipo de personas

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Algunas veces se ha topado el tema de los peligros a los que se puede estar exponiendo una persona en las redes sociales. En esencia, son idénticos a los que el diario vivir presenta como riesgos naturales de la existencia.

Pero, no es hasta que le sucede a alguien cercano cuando reaccionamos y ponemos algo de conciencia acerca del tema. Es que hasta para chismes e infundios – pasando por intentos de estafa y crímenes – se pueden encontrar personas en las redes sociales.

Hay que estar muy alerta a este respecto, y es por ello que creo que entender como proteger la privacidad personal debe ser un objetivo de todos los usuarios – no sólo de Facebook – sino de todas las redes sociales.

Hay mucha información personal y financiera que vamos dejando por la red y hay especialistas en hacer una minería de esos datos, para utilizarlos en su propio provecho.

Facebook Beacon dispone de una serie de controles muy granulados que se pueden utilizar a libertad del usuario. Debe ser responsabilidad de cada usuario el restringir el acceso a la información que considera vital. Claro está, tampoco es necesario llevarlo al nivel de la exageración, por ejemplo, el cerrar la cuenta y borrar el rastro puede serlo.

En las próximas entregas iremos desnudando parte por parte, cuales son todas las opciones para mantener la privacidad que provee Facebook. La idea detrás de ello es resaltar las opciones más relevantes y que impacto podría tener el mantenerlas activas.


35 comentarios

  1.   yanire arteaga dijo

    Ingrese en facebook, y me encanta!!!!, pero al buscarme NO EXSISTO?? De esto hace mas de una semana, he revisado mis configuraciones y no es eso, q puede ser??

  2.   lesbi dijo

    putooooioooo

  3.   mirna pezo dijo

    necesito buscar a una amiga que se encuentra en santiago se llama nilda yannet zanches

  4.   Oscar Anibal Arrarás dijo

    Busco a mi hija Ana Rocio Arrarás Windler , posiblemente en Israel y a su mamá Liliana Elisa Windler, posiblemente en Mexico para decirles que papá te ama Y que nunca las abandoné, me atacaron mucho y calumniaron y acusaron falsamente para alejarnos a los 3 x herencia familiar, corrompiendo a la justicia entre otros,. las espero en la red y en cada encuentro conocer la verdad y perdonar ya que no saben lo que han hecho.
    Oscar Arrarás ( oskyhercules@hotmail.com )

  5.   OSCAR ANIBAL ARRARÁS dijo

    NECESITO LA VOLUNTAD DE MUCHOS PARA REENCONTRARME CON NUESTRA HIJA ANA ROCIO ARRARÀS WINDLER(EN ISRAEL) Y A SU MAMÁ LILIANA ELISA WINDLER(EN MEXICO).
    SOLO NECESITO QUE LE DIGAN QUE LAS AMO Y A PESAR DEL TERRIBLE ERROR QUE COMETIERON SUS FAMILARES, DISCRIMINANDOME Y ATACANDO NO HAN LOGRADO MELLAR MI VOLUNTAD Y VALOR DE ENCONTRALAS Y ASI DIALOGAR , BUSCAR LA SOLUCIÒN ANTES QUE QUEDE CONFIRMADO EL DELITO QUE COMETIERON AL SEPARARNOS. YO ESTOY AUN REPONIENDOME PERO MI AMOR NUNCA EN ESOS DIAS DE DOLOR E IMPOTENCIA, SOLO RECORDABA LOS OJITOS DE ANA ROCIO, IMPLORANDO POR MI RETORNO Y NO HUBIERA PASADO TODO LO QUE PASÓ, ELLA Y SU MAMÀ(QUE NO ES CULPABLE DE NADA), YO QUIERO QUE SEPAN QUE LAS AMO, NUNCA DEJARÉ DE HACERLO Y JAMÁS VAN A LOGRAR ALEJARNOS, SOY SU PADRE Y ELLA NUESTRA HIJA, PASARÀ EL TIEMPO Y LA VERDAD LLEGARÀ TAN SOLIDA COMO EVIDENTE, LES PIDO A MARCELO WINDLER(EN MEXICO) Y DANIEL WINDLER(ISRAEL) QUE T5ENGAN LA GRANDEZA Y SUFICIENTE GRANDEZA PARA ACEPTAR QUE SE HAN EQUIVOCADO Y ESTÀN AÙN A TIEMPO DE CORREGIRLO, SINO LAS CALAMIDADES SEGUIRÁN OCURRIENDO(ES EL RETORNO DE TODO LO QUE NOS HAN OCASIONADO) Y ESPERO QUE LO VEAN, PUES NADA ES INOCENTE….MI CELULAR MOVISTAR DE ARGENTINA (054)11. 15-3594-7757, ENVIO AMOR Y LUZ DE SABIDURIA Y COMPRENSIÒN.

  6.   OSCAR ANIBAL ARRARÁS dijo

    ANA ROCIO,ARRARÁS WINDLER, RESIDE (CREO) EN HERZLIYA CERCA DE TEL AVIV, CON SUS TIO DANIEL YOSI WINDLER, YAFIT LINDA WINDLER Y SUS HIJOS (3) A LOS QUE SEPAN DE SU DESTINO QUIERO ME LO INFORMEN, DESDE EL ALMA Y ETERNAMENTE ESTARÈ AGRADECIDO.
    OSCAR ARRARÀS

  7.   DANIEL IGNACIO ROMERO SALINAS dijo

    BUSCO A PALOMA PAZ CRETON SANDERSON SIGO VIVIENDO DONDE MISMO EN CASO SI LEES ESTO PALOMA YA TU SABES

  8.   OSCAR ANIBAL ARRARÁS dijo

    ANA ROCIO ARRARÁS WINDLER , HIJA MIA , TE AMO CON TODA EL ALMA, PERO SABES DESDE QUE NACISTES NOS ABRAZAMOS Y CON LAS INOLVIDABLES PALABRAS DE “TE AMO”, EN NUESTROS OIDOS PERO, MAS EN NUESTRO CORAZON.- COMETIERON UN GRAVE ERROR CON NOSOTROS, LOS PREJUICIOS Y LA DISCRIMINACION HAN SIDO NOTABLES, PERO ,SABÉS , QUE TIENES QUE PERDONAR PORQUE NO SABEN LO QUE HACIAN, DALES AMOR EN SUS CORAZONES Y PIDE POR ELLOS QUE TE DEN AMOR Y ENSEÑANZAS Y LUEGO CUANDO REGRESES TERMINARÁS DE COMPRENDER TU MISION EN ESTA VIDA, SE QUE HAS SUFRIDO X FALTA DE PAPÁ Y MAMÁ, PERO SABÉS, NUNCA ESTUVIMOS LEJOS, EN EL RECUERDO TODO EL AMOR FLUIA, MAS ALLÁ DE LA SITUACIÓN,NUESTROS CAMINOS TERMINARAN ENCONTRANDOSE, VOLVI DE LA MUERTE X VOS Y POR TI LA VIDA VALE LA PENA, TE AMO, NUNCA LO OLVIDES, TIENES UNA SOBRINITA LLAMADA VALENTINA, HIJA DE TU HERMANA ILEANA (ESTA FELIZ MENTE CASADA CON UN MARIDO Y PADRE MARAVILLOSORECIEN RECIBIDA DE LICENCIADA EN ADMINISTRACION DE EMPRESAS) Y TU HERMANO FEDERICO YA SE RECIBIO DE PROFESOR DE HISTORIA, SOMOS MUY CARIÑOSOS CADA VEZ QUE NOS VEMOS Y NUESTRA FELICIDAD NO ES COMPLETA, SI FALTAS VOS TESORO NUESTRO, QUE TE ESPERO SIEMPRE, IGULA QUE TODA LA FAMILIA DE MENDOZA QUE SUFRE POR LA INJUSTICIAS COMETIDAS PERO QUIERO QUE SEPAS QUE TENES UN PAPÁ, QUE A PESAR DE TODOS LOS EMBATES SIGO VIVO Y QUE NUNCA VA A BAJAR LOS BRAZOS HASTA ENCONTRANOS

  9.   el salsa dijo

    soy guapo de verdad

  10.   Monica Camacho Ariza dijo

    Hola, solo quiero tener amigos, si hay alguien interesado, pues escribanme a mi correo. By.

  11.   luis dijo

    hola estoy buscando a durben osmania loaiza rojas cualquier informacion porfavor haganmela saber puede estar ubicada en popayan o en el ecuador

    gracias

  12.   Nayive Rdz dijo

    Estoy buscando el correo de WENDY RODRIGUEZ de la CD. LERDO, DGO. VIVE EN LA CALLE CLAVELES POR EL PARQUE VICTORIA. POR FAVOR SI ALGUIEN LA CONOCE DIGANLE QUE SE PONGA EN CONTACTO A MI CORREO!!! SOY EX COMPAÑERA DE LA FAC. DE ODONTOLOGIA

  13.   fernando dijo

    HOLA GENTE LIDA, YO ESCRIBO PORQUE CREO QUE ESTAR EN FACEBOOK ES UNA MANERA MUY NOVEDOZA DE REENCOTRARSE CON PERSONAS QUE NO EMOS VISTO EN MUCHO TIEMPO, YO TENGO FE EN QUE LAS PERSONAS Q INTERACTUAN EN ELLA VAN A ENCONTRAR TODO LO QUE NECESITEN DESDE AMIGOS , FAMILIARES Y HASTA AL AMOR DE SU VIDA.

    IGUALMENE YO ESO ULTIMO YA NO BUSCO PORQUE MUY CERCA MIO TENGO A LA PERSONA QUE MAS AMO EN EL MUNDO.

    SALUDOS Y ESPRO CONTACTARME CON TODOS UDS..
    fercho.730@hot….

  14.   mireya cuellar dijo

    ola quisiera conocer amigos

  15.   mireya cuellar dijo

    mi correo es
    miye36@hotmail.es

  16.   OscarAnibal Arrarás dijo

    BUSCO A LILIANA ELISA WINDLER NACIDA EL 10 DE FEBRERO DE 1967, ESTARÍA ENTRE MEXICO E ISRAEL, NECESITO QUE NOS ENCONTREMOS Y PROCUREMOS SU LIBERTAD E INDEPENDENCIA COMO ASI TAMBIEN NUESTRA HIJA ANAROCIO ARRARÁS WINDLER TRASLADADA A ISRAEL SIN NUESTRO PERMISO NI AUTORIZACION, POR UNA JUEZA DE MENORES DE MAR DEL PLATA (ARGENTINA) , RUEGO LE AVISEN QUE LAS BUSCO Y ES HORA QUE REGRESEN A ARGENTINA .- SUS HERMANOS: MARCELO ENRIQUE WINDLER FAJNSOD,, ESTE EN MÉXICO, SERIA JUNTO A SU OTRO HERMANO DANIEL YOSI WINDLER FAJNSOD AUTORES E INSTIGADORES PAGOS JUNTO A ANTONIO DOVALE GOMEZ DE ESTA ABERRRACION JURIDICA, QUE NOS DEVASTO A MI FAMILIA EN OTROS TIEMPOS TAN FELICES,,, LA,VBERDADERA CAUSA DE ESTAS ACCIONES DE LOS WINDLER ES UNA HERENCIA , DEJADA POR SUS PADRES Y CIRCUNVECCIONARON A SU PROPIA HERMANA PARA OBTENER LOS FINES QUE SEGURAMENTE SALDRÁ A LA LUZ,, PORQUE YA LA JUEZA, A COMETIDO VARIOS ERRORES A LOLARGO DE SU INCORPORACION AL JUZGADO DE MENORES, DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES. ARGENTINA, RUEGOA QUYIEN SEPA O LAS CONOZCA QUE SE COMUNIQUEN CONMIGO POR ESTE MEDIO O X FACEBOOK , PONIENDO MI NOMBRE Y APELLIDOS COMPLETOS PARA UBICARME,, .- DESDE YA INFINITAS GRACIAS PARATODOS UDS. Y APOYENOS EN NUESTRO COMETIDO.

    MUCHAS GRACIAS OSCAR ARRARÁS

  17.   DULCE MARIA CASTILLO dijo

    BUSCO A TODOS MIS AMIGOS DE LA PREPA FEDERALIZADA #1 EN CD VICTORIA TAMAULIPAS A NANCY GONGORA,ANA, CLAUDIA Y A TODAS LAS QUE NO SE HAN OLVIDADO DE MI .

  18.   zamudio jorge dijo

    Busco a JUAN CARLOS RODRIGUEZ, le apodaban “popo”, lo ultimo que supe es que era encargado de un edificio en la zona de Olivos, tiene 2 hijas seguro, quizas mas. tenia parientes en Rosario, y vivimos juntos en la zona de Santo lugares, trabajo emn bonafides en 197/68 me gustaria saber de el, tiene 60 años aproximadamente, si alguien sebe por favor hagame saberlo. mi tT.E; 15-49281210 o 15-40281749.desde ya muchas gracias.

  19.   jhonnygian dieter dijo

    hola busco a sergio alejandro es mi mejor amigo le mando muchos saludos

  20.   sandra patricia esquivel barahona dijo

    BUSCO AL PADRE DE MI HERMANA SE LLAMA DOMINGO FERNANDO PERALTA RODRIGUEZ ES ALTO Y NEGRO TIENE AHORA 48 AÑOS MAS O MENOS CREO QUE ES DE PANAMA O COLOMBIA POR FAVOR SI ALGUIEN SABE ALGO COMUNICARSE CON SANDRA PATRICIA AL MOVIL MIO 660836693 VIVO EN LA CORUÑA ESPAÑA GRACIAS

  21.   zamudio jorge dijo

    BUSCO A JUAN CARLOS RODRIGUEZ ARIAS “POPO”, ES O FUE ENCARGADO DE EDIFICIO EN LA ZONA DE OLIVOS, TIENE 60 AÑOS, 2 HIJAS (HASTA DONDE SE, QUIZAS MAS HIJOS), TENIA PARIENTES EN ROSARIO Y VIVIMOS JUNTOS DE JOVENES EN LA ZONA DE SANTOS LUGARES, CUALQUIER INFORMACION SERA AGRADECIDA.

  22.   EMA JUDITHS ALMONACID CALISTO dijo

    QUISIERA PODER TENER ALGUN TIPO DE COMUNICACION CON MI PADRE ME GUSTARIA SABER DE SU PROPIA BOCA SI NO LE INTERESA NINGUNO DE SUS TRES HIJOS Q NINCA CONOCIO NO EXSISTE NINGUN INTERES ECONOMICO X MEDIO SOLO QUIERO CONOCERLO. PAPA AUNQUE NUNCA T PUDE LLAMAR ASI, DECEO PODER HACERLO ALGUN DIA,ME GUSTARIA MUXO.
    PARA:PABLO ALMONACID ALMONACID
    DE UNA DE SUS HIJAS,EMA 22 AÑOS , DANIELA 20 Y ROBERTO 24 TUS NIETOS DODANI DE 5 Y KEVIN DE 3, NUNCA ES TARDE VIEJITO.

  23.   jairo lenzi dijo

    busco a las mejorwes amigas

  24.   OSCAR ANIBAL ARRARÁS dijo

    BUENOS AIRES,ARGENTINA- HERZLIYA.ISRAEL-ZACATECAS.MEXICO
    PAPÁ: OSCAR ANIBAL ARRARÁS
    SU HIJA: ANA ROCIO ARRARÁS WINDLER
    MAMÁ : LILIANA ELISA WINDLER
    diciembre 26 2009

    ANA ROCIO ARRARÁS WINDLER , HIJA MIA , TE AMO CON TODA MI ALMA, ..SABELO, DESDE QUE NACISTES NOS ABRAZAMOS Y SIEMPRE,CON INOLVIDABLES PALABRAS DE “TE AMO”, EN NUESTROS OIDOS Y VOZ PERO, MAS EN NUESTRO CORAZON.- COMETIERON UN GRAVE ERROR CON NOSOTROS, PREJUICIOS Y LA DISCRIMINACION HAN SIDO NOTABLES, PERO SABÉS, TIENES QUE PERDONARLOS PORQUE NO SABEN LO QUE HACIAN, DALES AMOR EN SUS CORAZONES Y PIDE A ELLOS QUE TE DEN AMOR Y RESPETO Y LUEGO CUANDO REGRESES TERMINARÁS DE COMPRENDER TU MISION EN ESTA VIDA, SE QUE HAS SUFRIDO X FALTA DE PAPÁ Y MAMÁ, PERO SABÉS, NUNCA ESTUVIMOS LEJOS, EN EL RECUERDO TODO EL AMOR FLUIA, MAS ALLÁ DE LA SITUACIÓN,NUESTROS CAMINOS TERMINARAN UNIENDOSE, TO.. VOLVI DE LA MUERTE X VOS REGRESÉ Y POR TI LA VIDA VALE LA PENA, TE AMO, SIEMPRE TE LO DECIA Y ME ESCUCHABAS SONRIENDO,NUNCA OLVIDES.- HOY, TIENES UNA SOBRINITA LLAMADA VALENTINA,(INTELIGENTISIMA Y TIERNA) HIJA DE TU HERMANA ILEANA (ESTA FELIZMENTE CASADA CON ELIAS PADRE MARAVILLOSO,RECIEN RECIBIDA DE LICENCIADA EN ADMINISTRACION DE EMPRESAS) Y TU HERMANO FEDERICO YA SE RECIBIO DE PROFESOR DE HISTORIA Y EL 4 DE ENERO INICIA UN VIAJE DE EXPLORACION POR TODA LA CORDILLERA DE LOS ANDES, SU META ES MEXICO, POR AHORA, MAS ADELANTE HABRA OTROS SENDEROS, .- NOSOTROS SOMOS MUY CARIÑOSOS,TODOS Y TODO EL TIEMPO SIEMPRE, BUENAS VIBRAS, AUNQUE NUESTRA FELICIDAD NO ES COMPLETA, SI FALTAS TÚ, TESORO NUESTRO, TE ESPERO SIEMPRE, IGUAL QUE TODA TU FAMILIA DE MENDOZA QUE SUFREN TU AUSENCIA, TE EXTRAÑAN, TUS TRAVESURAS, TUS CARCAJADAS, TU BELLEZA,… PERO QUIERO QUE SEPAS QUE TENES UN PAPÁ, QUE A PESAR DE TODOS LOS EMBATES SIGUE VIVO Y NUNCA VA A BAJAR LOS BRAZOS HASTA UNIRNOS EN FAMILIA, Y PERDONAR, NO SOY QUIEN PARA JUZGAR, DIOS Y EL UNIVERSO DE LAS COSAS ES TODO CAUSA Y EFECTO Y MIENTRAS MAS DEMOREN EN RECONOCER SU ERROR, MAS COSAS OCURRIRAN.- PAPÁ TIENE DEMASIADO AMOR EN EL CORAZON COMO PARA QUERER VERTER CIZAÑAS DE ODIO O RESPONDER ALGUNA ACCIÓN O AGRAVIO Y QUE MIRO A LOS OJOS DE FRENTE MI MIRADA ES LIMPIA, TU PAPÁ ES UNA MUY BUENA PERSONA ANA, TENDRÁS TODA LA VIDA PARA COMPROBARLO, PAPÁ ES INTELIGENTE, DIVERTIDO, SOLIDARIO BUEN COCINERO, MAMITA LO SABE, A TENIDO MUCHOS EXITOS Y TAMBIEN FRACASOS Y APRENDIÓ, PODÉS HIJA DE MI ALMA ESTAR ORGULLOSA DE PAPÁ Y EN EL CONTEXTO QUE HAS CRECIDO, QUE NINGUN S.A.P.(Sindrome de Alienación Parental) PUDIERE AFECTARTE POR LA FALTA DE PAPA, TE AMO, A CADA RATO, TODOS LOS DIAS TE LO DECIA Y SIEMPRE SABEMOS QUE LA VERDAD TRIUNFARÁ, INEXORABLEMENTE.- ANITA DE MI ALMA MI CONCIENCIA ESTÁ EN PAZ, MUY ARMONIOSA, EN BELLEZA DE ACCIONES Y LA SUMA DE CONOCIMIENTOS ADQUIRIDOS, .- QUIERO QUE SEPAS QUE ESTAMOS UNIDOS Y CUANDO HAS PENSADO EN MI YO TAMBIEN PENSABA Y MUCHAS COSAS NOS CONTAREMOS, CUANDO NOS ENCONTREMOS Y ENTRE TODOS TE ABRACEMOS UN ABRAZO DE ETERNO AMOR MI AMADA HIJA ANA ROCIO ARRARÁS WINDLER Y ESPERO QUE MAMI (LILIANA ELISA WINDLER.) ESTE BIEN ELLA NO TIENE NINGUNA CULPA.MAMÁ ES UNA BUENA MUJER, ELLA NECESITA DE NOSOTROS, COMPRENDAMOS Y EXPRESEMOS NUESTRO AMOR Y CONSIDERACIÓN Y DE TODAS LAS FORMAS DE VIDA QUE VEAS, ANITA MI QUERIDA Y SI TIENES QUE SOMETER A UNA DECISIÓN, ELIGE SIEMPRE EL CAMINO DEL CORAZON, TU SABES, TU ESPÍRITU SABIO TODO RECUERDA, TE AMO HIJA DE MI ALMA POR SIEMPRE.-
    EL MATRIMONIO DE DANIEL YOSI WINDLER Y LINDA YAFIT WINDLER RESIDENTES EN HERZLIYA -ISRAEL, SUS TIOS QUE LA TIENEN Y NO ME PERMITEN CONTACTARLA, NI TAMPOCO A SU MAMÁ LILIANA ELISA WINDLER, TAMBIEN PARTICIPAN ASOCIADOS EN EL ACUERDO, SUS OTROS TIOS EN MEXICO MARCELO ENRIQUE WINDLER Y ESPERANZA MUÑOZ CAMPOS, DEL ESTADO DE ZACATECAS DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y POR DECISION DE JUEZ DEL TRIBUNAL DE MENORES, NRO 1, DE MAR DEL PLATA ARGENTINA EXPTE 34113(UN INCONCEBIBLE HORROR JURIDICO).
    EXPTE,: P-271/06 OEA(ORGANIZACION DE ESTADOS AMERICANOS)
    APOYO Y ASESORAMIENTO DEL CONSTITUCIONALISTA
    DR. JORGE ENRIQUE BERMAN
    Abogado, Fiscal Internacional Kwanda 1994
    Profesor Universitario
    International Observer ONU/

  25. Poder y enseñanza. María Marta Neumann y Jorge Bergman

    La gran duda en este parodia de vivir hace que en muchas ocasiones nos encontremos pensando y razonando con la delicadeza de un orfebre que va modelando su pieza y el que esto escribe intenta hacerlo para obtener mejores logros en la Educación. Qué dilema el de contraponer este escrito a los de los grandes maestros que nos forjaron y nos explicaron qué es la enseñanza, no quiero dejar de velar por el desarrollo de esos conocimientos que representamos nosotros simple mortales frente al Aula.

    Si los que tenemos oportunidad de encontrarnos frente al aula y dar las materias nos damos cuenta la falencia que podemos tener en ese camino al imponer contenidos muchas veces no comprendidos o no desarrollados y así ver como un fracaso cuando llegan a una edad más avanzada, ya sea en el secundario y /o en el nivel Universitario, en que no comprendieron y! uno no los motivó o falló en el intento.

    Y de tanto pensar y observar el comportamiento sobre todo el de los funcionarios, esos los hombres que alguna vez pasaron por la enseñanza y veo dónde radica la falla.

    Es un punto espinoso, porque sondear en el fondo para poder lograr algo positivo es duro y este pensador sólo quiere exponer una idea motivadora que interrumpa años de caos dando lugar a una nueva enseñanza.

    Todos sostenemos con cierto tinte de orgullo que vivimos en Democracia que significa que el pueblo gobierna a través de sus representantes y estos representantes son los personeros que nos gobiernan, siendo que algunos ejercen funciones en la administración pública o en la privada y al parecer no comprendieron o no lograron sus maestros incentivarlos en la comprensión de lo que emiten en sus comentarios y sus contenidos.

    Decir que la enseñanza es contenido sería una respuesta muy trivial, es más que contenido.

    Las imágenes que! vamos irradiando a los niños que pasan por nuestras aulas dej! an recue rdos imborrables que nutren la esencia de sus vidas y muchas veces resultan inmodificables porque quedan grabadas en su interior.

    ¿Qué podríamos hacer entonces? todos entendemos qué es la democracia, todos queremos vivir en ella y al vivir en ella comprender sus fundamentos

    Todos queremos un gobierno compenetrado en el bien del pueblo porque decimos que los que nos gobiernan recibieron la instrucción de los maestros durante sus años de estudios.

    Pero vemos que muchos maestros fallaron y lo vemos en que muchos de esos funcionarios son corruptos, no trabajan para el bienestar del pueblo. Muchos se preguntarán qué culpa tenemos nosotros los profesores que estamos solos frente al aula.

    Siempre digo que nosotros no somos profesores o maestros sino tutores que llevamos a los chicos a comprender y a amar los contenidos que consensuamos con los alumnos en un sentir democrático, sin un tinte inquisidor sino siempre consensuando con los alumnos para que e! llos desarrollen los contenidos de la materia que debemos abordar.

    Claro se me dirá que tenemos que cumplir los programas, y cuando decimos eso no podemos dejar de pensar: TENGO UN PODER Y LO VOY A EJERCER A ULTRANZA.

    Entonces ¿qué le enseñamos a nuestros alumnos? que se debe tener PODER, que la vida es eso es tratar de conseguir el poder, porque ello es lo que les transmitimos a esos alumnos que son los mismos que luego serán nuestros futuros gobernantes.

    Y les transmitimos el poder y ellos lo ejercen en cualquier ámbito de la vida en cual se desarrollen lo que señalo que resulta antidemocrático y que esta forma de enseñanza está errada desde un comienzo.

    Propongo que en Democracia no les gritemos a nuestros alumnos, que no les comuniquemos contenidos inquisidoramente. Tampoco en los exámenes podemos ejercer ese PODER para determinar el saber del estudiante, porque buscar la contestación de una pregunta puntual es buscar inquisidoramente la! respuesta que anhelamos nosotros. Sin embargo hay que ver qué! piensa el estudiante. Si no contesta lo que esperamos que conteste no falla, el que falla es el tutor que lo llevó mal en el camino de la enseñanza y al que tendrían que decirle “no fuiste eficiente”.

    Por eso es tan importante lograr que el alumno aprenda a consensuar con su maestro, luego con los otros alumnos, con los demás funcionarios del Establecimiento, consensuar y entonces establecer pautas para desarrollar los contenidos y para su evaluación final.

    Si seguimos enseñando sólo lo que representamos, es decir, el PODER, entonces no aspiremos a que los estudiantes aprendan otra cosa que no sea como lograr tener PODER, entonces prueban peleándose, prueban atacando al diferente, etc. Y no nos damos cuenta que después somos las víctimas si los logros no se dan , si cuando llegamos al final nuestras jubilaciones son magras es porque no supimos inculcarles otra cosa más que el PODER porque lo que dimos con el ejemplo fue eso que quedó grabado a fuego tal como pod! emos divisar en todos los gobernantes, funcionarios y demás miembros de la sociedad en que vivimos.

  26.   mar dijo

    busco a alma lara

  27.   genesis dijo

    Poder y enseñanza. María Marta Neumann y Jorge Bergman

    La gran duda en este parodia de vivir hace que en muchas ocasiones nos encontremos pensando y razonando con la delicadeza de un orfebre que va modelando su pieza y el que esto escribe intenta hacerlo para obtener mejores logros en la Educación. Qué dilema el de contraponer este escrito a los de los grandes maestros que nos forjaron y nos explicaron qué es la enseñanza, no quiero dejar de velar por el desarrollo de esos conocimientos que representamos nosotros simple mortales frente al Aula.

  28.   yessenia tulchan dijo

    hola soy yessenia busco a un amigo su nombre es fabricio no lo e visto en 4 años y quiero saber que es de el solo lo quiero encontrar

  29. FERNÁNDEZ ARIAS, Elena y otros c. POGGIO, José s/sucesión
    CS, 19 de Septiembre 1960.

    Opinión del procurador general de la Nación. – Hay en autos cuestión federal bastante como para proceder a su examen en la instancia de excepción. A tal efecto, pues, correspondería hacer lugar a la presente queja. – Julio 15 de 1960. – Ramón Lascano.
    Buenos Aires, Septiembre 19 de 1960.
    Considerando:
    1) Que contra la sentencia apelada, dictada por la sala A de la Cámara Central Paritaria de Conciliación y Arbitraje Obligatorio, confirmatoria de la resolución de la Cámara Regional de Trenque Lauquen, que ordenaba a la parte demandada “entregar el predio cuestionado”, se dedujo recurso extraordinario, el que ha sido denegado, con motivo de lo cual fue interpuesta la presente queja.
    2) Que los principales agravios expuestos por el recurrente, como fundamento de la apelación extraordinaria que intenta, son los que siguen: a) las leyes 13.246, 13.897 y 14.451 (ADLA, VIII, 85; X-A, 1 y XVIII-A, 65) infringen lo preceptuado por el art. 95 de la Constitución Nacional, toda vez que confieren facultades jurisdiccionales a las referidas Cámaras Paritarias, las que no integran el Poder Judicial de la Nación, puesto que forman parte del Poder administrador, “con dependencia del ministro del ramo y, por ende, del Presidente de la República”; b) esas leyes, asimismo, son violatorias del art. 67, inc. 11 de la Constitución Nacional, dado que “establecen tribunales con jurisdicción nacional en materia que es privativa de las autoridades judiciales de las provincias”; c) sostiénese, también, que media agravio a los arts. 16 y 18 de la Ley Fundamental, y que el fallo impugnado es arbitrario por haber omitido considerar argumentos esenciales que la demandada expuso respecto de la prueba acumulada en autos y de los honorarios “fijados en abierta contradicción con el arancel”.
    3) Que, en atención a la naturaleza de las cuestiones planteadas y a lo establecido por el art. 14 de la ley 48 (ADLA, 1852-1880, 364), el recurso extraordinario es procedente y ha sido mal denegado.
    Por ello, habiendo dictaminado el procurador general, se declara procedente el recurso extraordinario interpuesto.
    Y considerando en cuanto al fondo del asunto, por no ser necesaria más sustanciación.
    4) Que, en razón de su seriedad e importancia, el primero de los agravios citados, referido al carácter y a las funciones de las cámaras paritarias previstas en la ley 13.246, requiere detenido examen, cualquiera sea la conclusión que corresponda adoptar, habida cuenta de que, efectivamente, esta Corte Suprema tiene reiteradamente resuelto que las mencionadas cámaras son órganos administrativos que ejercen atribuciones de tipo jurisdiccional (Fallos, t. 233, p. 83 y los allí citados [Rev. LA LEY, t. 82, p. 56, fallo 38.642]).
    5) Que, como punto de partida, es preciso advertir que el reconocimiento de facultades jurisdiccionales a órganos administrativos es uno de los aspectos que, en mayor grado, atribuyen fisonomía relativamente nueva al principio atinente a la división de poderes. Esta típica modalidad del derecho público actual, desde luego, no ha surgido como consecuencia de especulaciones de orden teórico. Tampoco expresa ni encubre una determinada concepción del Estado. Muy por el contrario, constituye uno de los modos universales de responder, pragmáticamente, al premioso reclamo de los hechos que componen la realidad de este tiempo, mucho más vasta y compleja que la que pudieron imaginar los constituyentes del siglo pasado, y se asienta en la idea de que una administración ágil, eficaz y dotada de competencia amplia es instrumento apto para resguardar, en determinados aspectos, fundamentales intereses colectivos de contenido económico y social (v. Fallos, t. 199, ps. 483, 524 y 536 [Rev. LA LEY, t. 36, p. 703, fallo 18.217]), los que de otra manera sólo podrían ser tardía o insuficientemente satisfechos (Landis, James M., “The Administrative Process”, ed. 1950, ps. 1, 6 y siguientes).
    6) Que así acontece, incluso, en países como Gran Bretaña y los Estados Unidos, cuya organización política, a semejanza de la existente en la Argentina, confía el ejercicio de la función jurisdiccional a magistrados específicamente encargados de desempeñarla, los que son, además, diferenciados e independientes.
    7) Que en el primero de los países mencionados es dado comprobar la existencia de una verdadera “plétora de tribunales administrativos” que conocen -entre otros asuntos- en cuestiones sobre tarifas e impuestos, regulación de cargas ferroviarias, beneficios de seguridad social, pensiones de guerra, indemnizaciones por pérdida de derechos reales derivada de actos administrativos, excepciones al servicio militar, etc. (A. L. de Smith, “Judicial review of administrative action”, ed. 1960, p. 4).
    8) Que esta descripción, “mutatis mutandi”, es también válida para los Estados Unidos, donde la proliferación de organismos administrativos con potestades “cuasi judiciales” representa “uno de los más dramáticos desenvolvimientos legales de los últimos 50 años”, según lo puso de relieve el juez Jackson, en el caso “Wong Yang Sung. v. McGrath”, al fundar la opinión de la mayoría del tribunal (Suprema Corte de los Estados Unidos, 339 US 33, 36).
    9) Que también los tribunales argentinos, desde antiguo, han declarado la validez de disposiciones equivalentes que rigieron o rigen en el orden nacional. Así, esta Corte, en numerosos fallos, resolvió que es compatible con la Ley Fundamental la creación de órganos, procedimientos y jurisdicciones especiales -de índole administrativa- destinados a hacer más efectiva y expedita la tutela de los intereses públicos, habida cuenta de la creciente complejidad de las funciones asignadas a la Administración (Fallos, t. 193, p. 408; t. 240, p. 235; t. 244, p. 548; t. 245, p. 351, entre otros [Rev. LA LEY, t. 27, p. 868, fallo 14.131; t. 96, p. 98, fallo 43.992 y Rev. LA LEY, t. 99, p. 292, fallo 45.024]).
    10) Que esa doctrina, tendiente a adecuar el principio de la división de poderes a las necesidades vitales de la Argentina contemporánea y a delinear -en el aspecto que aquí interesa- el ámbito razonable del art. 95 de la Constitución Nacional, se apoya, implícitamente, en la idea de que ésta, lejos de significar un conjunto de dogmas rígidos, susceptibles de convertirse en obstáculos opuestos a las transformaciones sociales, es una creación viva, impregnada de realidad argentina y capaz de regular provisoriamente los intereses de la comunidad en las progresivas etapas de su desarrollo (doctrina de Fallos, t. 178, ps. 9 y 23 [Rev. LA LEY, t. 6, p. 988, fallo 2643]).
    11) Que muchísimas sentencias del tribunal acogen y desenvuelven la concepción antedicha, proyectándola hacia las más diversas esferas del derecho argentino, tales como, verbigracia, las siguientes: a) percepción y fiscalización de impuestos (Fallos, t. 129, p. 405; t. 198, p. 142 [Rev. LA LEY, t. 34, p. 451, fallo 17.022]); b) clasificación y aforo de mercaderías (Fallos, t. 156, p. 100); c) cuestiones litigiosas referentes a accidentes de trabajo (Fallos, t. 186, p. 337; t. 187, p. 79; t. 194, p. 317; t. 195, p. 50 [Rev. LA LEY, t. 18, p. 287, fallo 9142; t. 19, p. 647, fallo 9913; t. 29, p. 35, fallo 14.606 y t. 29, p. 674, fallo 14.937]); d) aplicación de la ley 11.317 (ADLA, 1920-1940, 191) por el Departamento Nac. del Trabajo (Fallos, t. 182, p. 157 [Rev. LA LEY, t. 12, p. 694, fallo 6036]); e) procedimientos de apremio seguidos en sede administrativa (Fallos, t. 190, p. 63; t. 192, p. 308 [Rev. LA LEY, t. 23, p. 232, fallo 11.768 y t. 26, p. 550, fallo 13.523]); f) decisiones sobre permisos en materia de derecho de reunión (Fallos, t. 156, p. 81; t. 190, p. 101 [Rev. LA LEY, t. 23, p. 283, fallo 11.790]); g) régimen de faltas municipales (Fallos, t. 202, p. 524 [Rev. LA LEY, t. 39, p. 914, fallo 19.549]); h) competencia del Tribunal Bancario de la ley 12.637 (ADLA, 1920-1940, 870) (Fallos, t. 199, p. 401); i) facultades de la Comisión de Conciliación, creada por el decreto-ley 32.347/44 (ADLA, V, 4) (Fallos, t. 207, p. 346 [Rev. LA LEY, t. 46, p. 685, fallo 22.542]); j) atribuciones de las cajas jubilatorias y del Instituto Nac. de Previsión Social (Fallos, t. 244, p. 548); k) potestades jurisdiccionales de la autoridad aduanera (Fallos, t. 245, p. 351); 1) sanciones administrativas aplicadas por cajas jubilatorias (Fallos, t. 143, p. 271); la Prefectura Gral. Marítima (Fallos, t. 148, p. 430); el Departamento Nac. del Trabajo (Fallos, t. 157, p. 386); la Aduana (Fallos, t. 176, p. 233); el Poder Ejecutivo nacional conforme a las leyes 11.226, 12.591 y 12.160 (ADLA, 1920-1940, 112, 841 y 608) (Fallos, t. 171, p. 366; t. 201, p. 428; t. 207, p. 90; t. 205, p. 17 [Rev. LA LEY, t. 40, p. 449, fallo 19.800; t. 45, p. 797, fallo 22.194 y t. 43, p. 202, fallo 21.024]); la Dirección Gral. de Ferrocarriles (Fallos, t. 167, p. 145); el jefe de Policía de la Capital Federal o el de la Policía Federal (Fallos, t. 175, p. 311 y los allí citados; t. 237, p. 636; t. 241, p. 99; t. 243, p. 500, etc. [Rev. LA LEY, t. 88, p. 254, fallo 41.189 y t. 96, p. 27, fallo 43.952]); la Administración Gral. de Impuestos Internos (Fallos, t. 191, p. 514 [Rev. LA LEY, t. 25, p. 346, fallo 12.933]); el Departamento del Trabajo de Santiago del Estero (Fallos, t. 198, p. 78 [Rev. LA LEY, t. 33, p. 612, fallo 16.690]); el Consejo Deontológico de Rosario (Fallos, t. 188, p. 394), etcétera.
    12) Que, sin embargo, la referida doctrina, según la cual es válida la creación de órganos administrativos de la especie indicada, no supone, como es lógico, la posibilidad de un otorgamiento incondicional de atribuciones jurisdiccionales. Esto es lo que surge de los precedentes citados en el considerando anterior, los que ilustran en el sentido de que la actividad de tales órganos se encuentra sometida a limitaciones de jerarquía constitucional, que, desde luego, no es lícito transgredir. Porque va de suyo que regímenes del carácter del que en estos autos se impugna dejan de ser válidos cuando, confrontados con las normas básicas del ordenamiento jurídico, de las que no deben ser sino consecuencia (art. 31, Constitución Nacional), resulta evidente que las infringen, en vez de acatarlas o a lo sumo adaptarlas respetando su esencia.
    13) Que entre esas limitaciones preestablecidas figura, ante todo, la que obliga a que el pronunciamiento jurisdiccional emanado de órganos administrativos quede sujeto a control judicial suficiente, a fin de impedir que aquéllos ejerzan un poder absolutamente discrecional, sustraído a toda especie de revisión ulterior (Fallos, t. 244, p. 548).
    14) Que el alcance que ese control judicial necesita poseer para que sea legítimo tenerlo por verdaderamente suficiente, no depende de reglas generales u omnicomprensivas, sino que ha de ser más o menos extenso y profundo según las modalidades de cada situación jurídica. En otras palabras: la medida del control judicial requerido deberá ser la que resulte de un conjunto de factores y circunstancias variables o contingentes, entre los que podría mencionarse, a título de ejemplo, la naturaleza del derecho individual invocado, la magnitud de los intereses públicos comprometidos, la complejidad de la organización administrativa creada para garantizarlos, la mayor o menor descentralización del tribunal administrativo, etc. (Fallos, t. 244, p. 548). Y todo ello, como es natural, obliga a examinar, en cada caso, los aspectos específicos que singularizan a la concreta materia litigiosa.
    15) Que, con arreglo a este criterio, se hace necesario destacar las particularidades que distinguen el presente juicio y lo condicionan. Trátase aquí, como se dijo al relacionar los antecedentes del sub lite, de la intervención jurisdiccional reconocida a tribunales administrativos – Cámaras Paritarias de Arrendamientos y Aparcerías Rurales- en una situación jurídica que supone litigio entre particulares atinente a sus derechos subjetivos privados (desalojo del arrendatario fundado en el art. 3°, incs. d] y g] de la ley 14.451). De donde se sigue que, en consecuencia, de esta peculiaridad del sub lite, la gran mayoría de los precedentes antes vistos no guardan con él relación sustancial alguna.
    16) Que, ello no obstante, también es exacto que la cuestión planteada dista de ser novedosa. La verdad es que esta Corte ha debido afrontar asuntos de índole semejante en anteriores ocasiones que le permitieron adelantar un expreso criterio de solución, según lo acreditan los fallos que versan sobre las facultades de: a) el Departamento del Trabajo de la Prov. de Buenos Aires, que intervenía en cuestiones relativas a accidentes del trabajo, de acuerdo con la ley local 4548 (ADLA, XIV-B, 1515) (Fallos, t. 186, p. 337; t. 187, p. 79; t. 194, p. 317, t. 195, p. 50, etc.); b) el Tribunal Bancario a que se refiere la ley 12.637 (Fallos, t. 199, p. 401); c) el Departamento Nac. del Trabajo, al que se dio participación, como “tribunal de 1ª instancia”, en asuntos concernientes a la ley 11.317, incorporada a los códigos civil y penal (Fallos, t. 182, p. 157); d) la Comisión de Conciliación creada por el decreto-ley 32.347/44 (Fallos, t. 207, p. 346).
    17) Que en las decisiones citadas, y en otras similares, la Corte Suprema admitió la actuación de cuerpos administrativos con facultades jurisdiccionales, mas lo hizo luego de establecer, con particular énfasis, que la validez de los procedimientos hallábanse supeditada al requisito de que las leyes pertinentes dejaran expedita la instancia judicial posterior. Así, se asignó valor esencial a la circunstancia de haberse previsto “oportunidad para que los jueces revisen el pronunciamiento administrativo” (Fallos, t. 187, p. 79), estimándose imprescindible el otorgamiento de “recurso u curso subsiguiente ante los jueces del Poder Judicial” (Fallos, t. 195, p. 50), en la inteligencia de que, a falta de él, el régimen dejaría de ser congruente “con los derechos y garantías constitucionales” (Fallos, t. 207, p. 346). Y en la breve pero importante sentencia de Fallos, t. 199, p. 401, se encareció la necesidad de validar el recurso ante la justicia federal contra las resoluciones del Tribunal Bancario de la ley 12.637, por estimarse que un criterio distinto privaría a las partes “de la 2ª instancia que es la propiamente judicial y que obvia, por ello, el carácter administrativo del tribunal de 1ª instancia” (consid. 3°).
    18) Que la misma orientación puede observarse en la doctrina jurisprudencial de los Estados Unidos. Sobre el punto, W. W. Willoughby, cuyas opiniones en la materia han sido especialmente valoradas por esta Corte (Fallos, t. 164, p. 344 y t. 187, p. 79), explica que, en su país, la atribución de facultades “cuasi judiciales” a organismos administrativos se ha considerado válida, fundamentalmente, respecto de “asuntos que atañen a derechos públicos”. Y añade: “Sería indudablemente declarada inconstitucional una ley que pretendiera poner en manos administrativas la decisión final de controversia entre particulares”, con posible exclusión de ciertos diferendos laborales (“The Constitution of the United States”, ed. 1929, t. III, p. 1655). Esta aseveración, por otra parte, coincide con la que funda las soluciones prevalecientes en la jurisprudencia (Corpus Juris Secundum, ed. 1956, t. XVI, p. 868, notas 77 a 79. Véase también: “Administrative Procedure Act”, de 1946, y A. y S. Tunc, “Le système constitutional des Etats-Unis d’Amérique”, ed. 1954, ps. 478 y sigts.; Davis, Kenneth Culp, “Administrative Law Treatise”, ed. 1958, t. IV).
    19) Que las conclusiones que de todo ello derivan son claras y, además, en nada se diferencian de las que surgen impuestas por la más elemental sensibilidad jurídico-política, de la que no es dado prescindir cuando al análisis recae sobre las bases mismas de la organización del Estado democrático. De conformidad con lo hasta aquí expuesto, pues, y a título de síntesis, cabe declarar que, en casos como el de autos, control judicial suficiente quiere decir: a) reconocimiento a los litigantes del derecho a interponer recurso ante los jueces ordinarios; b) negación a los tribunales administrativos de la potestad de dictar resoluciones finales en cuanto a los hechos y al derecho controvertidos, con excepción de los supuestos en que, existiendo opción legal, los interesados hubiesen elegido la vía administrativa, privándose voluntariamente de la judicial (doctrina de Fallos, t. 205, p. 17; t. 245, p. 351). La mera facultad de deducir recurso extraordinario basado en inconstitucionalidad o arbitrariedad, no satisface las exigencias que en la especie han de tenerse por imperativas.
    20) Que una interpretación contraria no tendría cabida dentro del derecho argentino, en mérito a dos razones principales. Primeramente, porque el art. 18 de la Constitución Nacional incluye la garantía de que, mediando situaciones del carácter indicado, ha de reconocerse a los habitantes del país el derecho a ocurrir ante un órgano judicial en procura de justicia (Fallos, t. 193, p. 135; t. 209, p. 28; t. 246, p. 87, consid. 9° (Rev. LA LEY, t. 48, p. 264, fallo 23.298 y t. 98, p. 289, fallo 44.740]). Si este requerimiento no recibe satisfacción, esto es, si las disposiciones que gobiernan el caso impiden a las partes tener acceso a una instancia judicial propiamente dicha, como lo hacen las leyes que el recurrente tacha de inválidas, existe agravio constitucional originado en privación de justicia. En efecto, ésta se configura toda vez que un particular, no obstante hallarse protegido por la indicada garantía del art. 18, queda sin juez a quien reclamar la tutela de su derecho, sea que ello ocurre con motivo de situaciones contradictorias como la contemplada en Fallos, t. 133, p. 135 (en igual sentido: Fallos, t. 178, p. 333; t. 179, p. 202; t. 234, p. 382; t. 237, p. 285, etc. [Rev. LA LEY, t. 7, p. 823, fallo 3149; t. 8, p. 771, fallo 3716; t. 82, p. 682, fallo 38.967 y t. 87, p. 661, fallo 40.986]), o en virtud de la derogación de las normas que creaban los tribunales competentes para entender en la causa (Fallos, t. 234, p. 482), o bien -como acontece en la especie- a raíz de preceptos legales que lisa y llanamente excluyen la debida intervención judicial (doctrina de Fallos, t. 129, p. 405, consid. 2°; t. 184, p. 162, consid. 3° [Rev. LA LEY, t. 15, p. 460, fallo 7485]; t. 205, p. 17, consid. 3°). Puede afirmarse, por tanto, que, aun cuando el art. 18 de la Constitución no requiere multiplicidad de instancias, según ha sido uniformemente resuelto, debe entenderse que sí impone una instancia judicial al menos, siempre que estén en juego derechos, relaciones e intereses como los que aquí se debaten, los que de ningún modo pueden ser totalmente sustraídos al conocimiento de los jueces ordinarios sin agravio constitucional reparable por la vía del art. 14 de la ley 48.
    21) Que la segunda razón invocable es igualmente decisiva. Ningún objetivo político, económico o social tenido en vista por el Poder Legislativo, cualquiera sea su mérito, alcanzaría a justificar la transgresión acreditada en la causa. Como se dijo al comienzo, el principio de la división de poderes puede y, sin duda, precisa ser adecuado a las necesidades de la vida contemporánea, en la medida en que lo toleren la generalidad y la sabiduría de las normas constitucionales, prescriptas para regir indefinidamente en el tiempo. Pero una cosa es la adecuación de él y otra la patente violación de su esencia. En cuanto implica que incurre en esta última, el total desposeimiento de atribuciones que, en perjuicio del Poder Judicial, consuman las normas impugnadas, no puede ser convalidado. Admitir su legitimidad importaría tanto como autorizar la supresión o cuando menos la omisión del aludido principio, sin cuya vigencia la forma republicana de gobierno queda sin base que la sustente y, en consecuencia, las funciones estatales resultan potencialmente desquiciadas con el consiguiente desamparo de las libertades humanas.
    22) Que, advertida de ello, esta Corte estima indispensable expresar cuáles son los términos estrictos entre los que deberá optarse, inexcusablemente: o las leyes de cuya aplicación se agravia la demandada son inconstitucionales, o se acepta que el Poder Legislativo -so color de proteger altos intereses públicos- puede vulnerar derechos como el de defensa, y convertir en su opuesto a las instituciones que los constituyentes decretaron y establecieron para la Nación Argentina. Ante semejante disyuntiva, la elección no ofrece dudas. Es falsa y tiene que ser desechada la idea de que la prosperidad general, buscada al través de los medios del art. 67, inc. 16, constituye un fin cuya realización autoriza a afectar los derechos humanos o la integridad del sistema institucional vigente. La verdad, ajustada a las normas y a la conciencia jurídica del país, es otra. Podría expresársela diciendo que el desarrollo y el progreso no son incompatibles con la cabal observancia de los arts. 1° y 28 de la Constitución, sino que, al contrario, deben integrarse con éstos, de modo tal que la expansión de las fuerzas materiales y el correlativo mejoramiento económico de la comunidad sean posibles sin desmedro de las libertades y con plena sujeción a las formas de gobierno dispuestas por la Ley Fundamental. Porque, para esas normas y esa conciencia, tan censurables son los regímenes políticos que niegan el bienestar a los hombres como los que pretenden edificarlo sobre el desprecio o el quebranto de las instituciones.
    23) Que, por las consideraciones que anteceden y con su alcance, esta Corte, en su actual integración y practicando un nuevo análisis del problema planteado, declara la invalidez de la organización vigente de las Cámaras Paritarias de Arrendamientos y Aparcerías Rurales.
    24) Que ello hace innecesario considerar en esta causa los demás agravios formulados por el apelante, en referencia al art. 67, inc. 11 de la Constitución Nacional y a la garantía de la igualdad ante la ley, así como a la arbitrariedad aducida.
    En su mérito, habiendo dictaminado el procurador general, se revoca la sentencia apelada y se deja sin efecto lo actuado en la causa. – Benjamín Villegas Basavilbaso. – Aristóbulo D. Aráoz de Lamadrid. – Julio Oyhanarte. – Ricardo Colombres. – En disidencia de fundamentos: Luis M. Boffi Boggero. – Pedro Aberastury.
    Disidencia de fundamentos.
    Considerando:
    1) Que en la causa se ha cuestionado el alcance de cláusulas de la Constitución Nacional relativas a la garantía del juez natural, separación de los poderes, reserva contenida en el inc. 11 del art. 67 y en el art. 100, igualdad ante la ley, y la inteligencia dada por el a quo a tales cláusulas para declarar la constitucionalidad de las normas legales aplicables ha sido adversa a los derechos reclamados por el recurrente y fundados en ellas. El recurso es, así, formalmente admisible.
    2) Que, en cuanto al fondo del asunto, por no ser necesaria más sustanciación, cabe adelantar que asiste derecho al recurrente en cuanto a la garantía de los jueces naturales, separación de poderes y reserva del art. 67, inc. 11, así como el 100 de la Constitución Nacional.
    3) Que el art. 95 de la Constitución Nacional, sin correspondencia en la de los Estados Unidos, establece de modo categórico: “En ningún caso el Presidente de la Nación puede ejercer funciones judiciales, arrogarse el conocimiento de causas pendientes o restablecer las fenecidas”. Razones históricas y permanentes dan sentido a su letra y a su espíritu. En efecto, ya el art. 7° del reglamento del 10 de octubre de 1811 contenía una norma semejante y, mucho después, el art. 98 del proyecto de Alberdi establecía en su parte final: “…En ningún caso el Presidente de la República puede ejercer funciones judiciales, avocarse el conocimiento de causas pendientes o restablecer las fenecidas”. Esta proyectada disposición fue tomada de la Constitución chilena de 1833, cuyo art. 108 (99) dispone en su parte final: “…Ni el Congreso, ni el Presidente de la República pueden en ningún caso ejercer funciones judiciales, o avocarse causas pendientes, o hacer revivir procesos fenecidos” (Obras de Jorge Hunneus, Santiago de Chile, 1891, t. II, ps. 221 y sigts.). Asimismo cabe señalar que, en la evolución histórico-institucional de la República, el Poder Ejecutivo asumió funciones tipicamente judiciales en diferentes momentos y sitios, sea en el período anterior a 1853, fuere, aun y al margen de normas constitucionales, en el período ulterior a ese año, siendo de extremado interés público, entonces, delimitar con claridad la órbita de sus funciones con arreglo a las normas que rigen.
    4) Que la Constitución Nacional, se ha dicho, es un conjunto normativo en que todos los artículos deben ser razonablemente armonizados para responder así a la organización y equilibrio de los poderes constitucionales previstos por los Constituyentes de 1853. El art. 95 en examen se vincula, precisamente, y entre otras normas, con los arts. 18, que confiere derecho a exigir un proceso legal con jueces naturales; 23, que limitando las facultades del Poder Ejecutivo durante el estado de sitio, le prohibe concreta y claramente el ejercicio de funciones judiciales; 29, que veda con energía las “facultades extraordinarias”, la “suma del poder público”, las “sumisiones” o “supremacías”. Y ha de relacionarse, también, con los arts. 94 y otros del cap. I, sec. 3ª “Del Poder Judicial”, y con el cap. II, referente a las atribuciones de este poder, como, asimismo, con el art. 67, inc. 11 y con el 100, que reservan para las provincias la aplicación del derecho común por los jueces que componen sus respectivos poderes judiciales, sustentados éstos en los arts. 104 y 105 de la Constitución.
    5) Que el pensamiento profundo que esas normas traducen mantiene su vigor a través del tiempo. Ellas se basan en la “separación” o “distribución” de los poderes, principio fundamental de nuestra estructura política y organización jurídica (arts. 1° y afines de la Constitución Nacional). En ese sentido, decía Montesquieu que no había libertad si el Poder Judicial no estaba separado de los otros dos (“L’esprit des Lois”, 2ª ed., vol. I, libro II, cap. VI, p. 220). Es cierto que en numerosas oportunidades se ha intentado atenuar los efectos de ese principio, cuando no apartarse de su contenido normativo, trayendo a colación expresiones vinculadas con el interés nacional, la necesidad de conferir nuevo vigor a normas añejas, el sentido evolutivo de la Constitución y otras doctrinas afines, tendencia ésta, que caracterizó muy especialmente y con caracteres agudos la época en que se sancionaron las leyes 13.246 y 13.897, particularmente esta última. Pero, cabe decir que, aun en la hipótesis no demostrada de que el interés nacional aconsejara la existencia de organismos paritarios en las condiciones y con las facultades exclusivas establecidas por las leyes precitadas, una cosa es interpretar normativamente de acuerdo al sentido de evolución, traduciendo las nuevas y cambiantes necesidades sociales, y una muy otra el apartarse de las normas so color de adaptarlas a esas necesidades, desde que nada contraría más los intereses nacionales que la propia transgresión constitucional. Si la norma fuese inconveniente, si el precepto ya no respondiera a los imperativos de la evolución económica o social, ha de ser el Poder Constituyente -y no otro- el órgano adecuado para traducir en nuevas normas las mejores soluciones. El Poder Judicial, entre tanto, cuyo organismo supremo es esta Corte, ha de velar por la supremacía de los principios constitucionales, lo que en este caso le lleva a decidir que el Poder Ejecutivo no puede ejercer funciones que son propias de los jueces. Asimismo, esa función entraña afirmar que el Poder Legislativo, que incluso está impedido de delegar la función típica de sancionar la ley, no puede -“a fortiori”- disponer de las que pertenecen al Poder Judicial, transfiriéndolas al Poder Ejecutivo en evidente transgresión constitucional. Por ello ha podido expresar este tribunal en Fallos, t. 12. p. 134: “La Corte Suprema es el tribunal en último resorte para todos los asuntos contenciosos en que se le ha dado jurisdicción… Sus decisiones son finales. Ningún tribunal las puede revocar. Representa, en la esfera de sus atribuciones, la soberanía nacional, y es tan independiente en su ejercicio, como el Congreso en su potestad de legislar, y como el Poder Ejecutivo en el desempeño de sus funciones”. Síguese de ello que a esta Corte incumbe decidir cuál es el alcance del art. 95 de la Constitución Nacional -incluido intencionalmente en el cap. I, sec. 3ª, intitulada “Del Poder Judicial”-, del art. 18 y, en todo caso, decir hasta qué límite podrá hacerse una interpretación amplia del art. 95 sin transgredir su claro y categórico sentido.
    6) Que el art. 95 de la Constitución Nacional guarda una relación íntima con el ya citado 18, de modo que se tornarían inconstitucionales las normas que no otorgasen al menos una instancia judicial para el debate de los intereses jurídicos en pugna. Es precisamente por ello que uno de los suscriptos ha expuesto en Fallos, t. 244, p. 548: “Que el sistema constitucional reposa en el principio de la «división» o «separación» entre los poderes, uno de cuyos extremos consiste en la prohibición de que el Ejecutivo, por sí o mediante resoluciones emanadas de organismos que actúen en su órbita, realice «funciones judiciales» (art. 95, Constitución Nacional; González, Joaquín V., «Manual de la Constitución Argentina», núm. 184). Ese fundamental principio constituye una valla contra los avances de la Administración sobre la Justicia, los que han gravitado en variados momentos y lugares de la evolución histórico-institucional (Calamandrei, Piero, «Estudios sobre el Proceso Civil», Editorial Bibliográfica Argentina, 1946, ps. 343 y siguientes)”.
    7) Que no obsta a lo anterior la circunstancia de que muchas veces queden convalidadas, de hecho, las decisiones de la autoridad administrativa cuando las partes las aceptan sin acudir a la instancia judicial correspondiente, porque, cuando se trata de derechos renunciables (art. 872, Cód. Civil), aun las resoluciones adversas pueden consentirse y los propios particulares pueden incluso abstenerse de accionar judicialmente en virtud de haber compuesto su diferendo mediante la convención liberatoria transaccional o simplemente por haber abdicado del derecho antes referido.
    8) Que a mérito de lo expuesto en el consid. 6°, tanto en el orden nacional cuanto en el de esta ciudad o en el de provincias, se han sancionado normas donde se halla claramente establecida la instancia de revisión judicial para las cuestiones decididas originariamente por una autoridad administrativa. Así: ley 1893 -art. 80, inc. 3° y decreto-ley 15.374/56 (ratificado por ley 14.467), art. 4°; ley 14.394 -art. 50, ley 3975- arts. 32 y 34; decreto-ley 6666/57 (ratificado por ley 14.467): arts. 24 al 28; ley 2372, Cód. de Proced. Crim., art. 30; decreto-ley 8126/57 (ratificado por ley 14.467), arts. 1°, 2° y 3°; decreto-ley 19.697/56 (ratificado por ley 14.467): arts. 10 al 18; ley 14.878: arts. 28 y 29; ley 11.570, art. 6° y ley 14.455, art. 37, etc. (ADLA, 1881-1888, 200; XVI-A, 893; XVIII-A, 94; XIV-A, 237; 1889-1919, 499; XVII-A, 560; 1881-1888, 441; XVII-A, 591; XVI-A, 1055; XIX-A, Iª, 129; 1920-1940, 231; XVIII-A, 79).
    A estos ordenamientos de orden nacional se unen, como se dijo, los provinciales: entre muchos otros, ley 5892 (art. 30) de la Prov. de Buenos Aires (ADLA, XVIII-B, 1397); ley 4548 (art. 5°) de la Prov. de Córdoba (ADLA, XVIII-B, 1518).
    Es tendencia generalizada también en numerosos ordenamientos del extranjero la de asegurarla separación de los poderes, aun en países donde antes no se había instituido un Tribunal Supremo de Justicia con jerarquía de Poder de Estado (Italia, arts. 134 y afines de la Constitución).
    9) Que esto no acontece en el caso de los arts. 46 de la ley 13.246, y 1° y 2° de la ley 13.897, que dicen textualmente: “Art. 46. – El Poder Ejecutivo organizará en el Ministerio de Agricultura de la Nación Cámaras Regionales Paritarias de Conciliación y Arbitraje obligatorio, y una Cámara Central, integradas por representantes de los propietarios y de los arrendatarios y aparceros, que designará de las propuestas en ternas presentadas por las entidades agrarias numéricamente más representativas de la zona o de la República, según correspondiere”.
    “Las Cámaras regionales serán presididas por funcionarios especializados del Ministerio de Agricultura con conocimiento particular de la zona en que deban actuar. La Cámara Central estará formada por nueve miembros de los cuales tres serán funcionarios que reúnan análogas condiciones”.
    “Reglamentariamente se fijará la jurisdicción territorial de cada Cámara regional, la competencia de la Cámara central, acordándole atribuciones para uniformar la jurisprudencia interpretativa de las Cámaras regionales y proponer al Poder Ejecutivo, para la mejor aplicación de la ley, la forma de integración, causales de excusación, recusación y reemplazo de los miembros de las cámaras y el procedimiento”.
    “El procedimiento se dividirá en dos fases: la fase conciliatoria previa, en la que obligatoriamente se procurará el avenimiento de las partes, y la fase contenciosa, regulada de suerte que permita la audiencia de los interesados y la defensa y prueba con sujeción a los principios de contradicción, publicidad y preferente oralidad, eventualidad y concentración, impulsión de oficio e inmediación, gratuidad, sencillez y celeridad de los trámites”.
    A su vez, el art. 1° de la ley 13.897 (Bol. Oficial del 9/5/50) establece lo siguiente: “Las Cámaras Regionales Paritarias de Conciliación y Arbitraje Obligatorio, creadas por el art. 46 de la ley 13.246, tendrán competencia exclusiva en la decisión de todas las cuestiones que se susciten entre arrendadores y arrendatarios o aparceros, con motivo de los respectivos contratos de arrendamiento y/o aparcerías y de las leyes que los rigen”.
    El art. 2° de la ley 13.897, estrechamente vinculado al anterior, dice: “Sustitúyese el art. 48 de la ley 13.246 por el siguiente: Las Cámaras regionales deberán dictar pronunciamiento dentro de los 90 días. Sus decisiones serán apelables en relación dentro de los 15 de notificadas, para ante la Cámara Central, quien deberá fallar, en definitiva, en el plazo de 60 días, y cuyas decisiones solamente serán susceptibles del recurso extraordinario del art. 14 de la ley 48, y del de aclaratoria por error material u obscuridad del fallo”.
    “Las decisiones de las cámaras regionales adoptadas por unanimidad sólo serán apelables ante la Cámara central cuando las causales invocadas fuesen las de incompetencia y/o violación de la ley en la forma o fondo del pronunciamiento recurrido”.
    “El recurso deberá quedar resuelto en el plazo de 60 días, decidiéndose, según corresponda: a) rechazar el recurso; b) hacer lugar al mismo, anulando la decisión apelada”.
    “Los pronunciamientos de las cámaras regionales y de la cámara central harán cosa juzgada y serán ejecutables por las autoridades judiciales, federales o provinciales, según corresponda y de acuerdo con los procedimientos respectivos”.
    Estos artículos fueron sancionados ya bajo las normas de la Constitución de 1949 y respondiendo, entonces, al movimiento que auspiciaba la mayor gravitación del Poder Ejecutivo sobre los otros poderes que desempeñan con él el Gobierno nacional. Es por ello que resultan más claros en su doctrina de privar al Poder Judicial de funciones que le son propias para entregarlas al Poder Ejecutivo, que las habría de desempeñar, a su turno, por conducto de funcionarios designados a través del Ministerio de Agricultura de la Nación, y ello a pesar de que el art. 90 de la Constitución de 1949 reprodujo el art. 95 de la Constitución de 1853. Ellos evidenciaron aún más el vicio de inconstitucionalidad, desde que reservan la decisión de las cuestiones entre arrendadores y arrendatarios a un organismo administrativo, sin otra revisión judicial que el recurso extraordinario, el cual posibilita sólo un aspecto de esa revisión. Razonamiento análogo se ha de aplicar al art. 26 de la ley 14.451, que dice: “Todas las cuestiones que se susciten por la aplicación de la presente ley, serán de competencia exclusiva de las Cámaras de Arrendamientos y Aparcerías Rurales”.
    10) Que las Cámaras Paritarias y la Cámara Central realizan, entonces, funciones de indiscutible carácter judicial al dilucidar cuestiones entre particulares regidas por normas de derecho común (Fallos, t. 243, p. 357, entre otros [Rev. LA LEY, t. 95, p. 435, fallo 43.802]). Sus integrantes deciden, como si fuesen jueces, en contiendas sustancialmente contractuales (Fallos, t. 234, p. 715 y otros), y sus sentencias son recurribles para ante la Cámara Central, que es organismo administrativo contra cuyas resoluciones sólo procede el recurso extraordinario. La intervención de los poderes judiciales prevista por el art. 2° de la ley 13.897, sólo es autorizada para dar ejecución a las resoluciones de esos organismos, a las que se atribuye valor de cosa juzgada. Y, en consecuencia, es dado concluir que aquéllas no están sometidas a contralor judicial alguno para el orden común de los asuntos que tratan.
    11) Que los integrantes de esos organismos, además, son designados y removidos por el Poder Ejecutivo, no ostentando así, las garantías de inamovilidad que aseguren su independencia, ni, por tanto, el carácter de jueces naturales en el sentido constitucional. Carecen, por tanto, de esa “independencia de los jueces… requeridas para defender la Constitución y todos los derechos individuales” (Hamilton, “The Federalist”, núm. 78). Tampoco poseen título habilitante en derecho para ejercer una función jurídica como la que les asignan las normas impugnadas.
    12) Que aun cuando el art. 95 de la Constitución Nacional fuese interpretado con amplitud, como lo ha sido, admitiendo la intervención de organismos administrativos en funciones propias de los jueces, el art. 18 exige que siempre exista una instancia judicial donde, al revisarse lo resuelto por aquellos organismos administrativos, siga rigiendo sustancialmente el cardinal principio de que la decisión final corresponde al Poder Judicial de la Nación o de las provincias según el caso. Y las leyes sub examen, en las disposiciones que nos ocupan, se apartan totalmente de esta inexcusable condición. Por ello son inconstitucionales. Que esta disidencia -y cabe decirlo para precisar más su sentido- significa una posición contraria a la sostenida en varios pronunciamientos de esta Corte, entre los cuales se encuentran los registrados en Fallos, t. 235, p. 369 y t. 233, p. 83. En este último se consideran “aplicables los argumentos expuestos” en fallos donde se sostuvo la constitucionalidad de las cámaras paritarias.
    13) Que sentada la inconstitucionalidad de las disposiciones legales que han creado y dado organización a las Cámaras Paritarias, en cuanto implican transgresión de las precitadas normas de los arts. 95 y 18, corresponde examinar el fundamento, íntimamente unido al primer agravio, de la inconstitucionalidad por transgresión del art. 67, inc. 11 de la Constitución Nacional.
    14) Que esta Corte ha decidido reiteradamente, a ese respecto, que la materia de los arrendamientos rurales es propia del derecho común, como cualquier otra dentro de la figura jurídica de la locación de cosas (Fallos, t. 243, p. 357; t. 240, p. 144; t. 238, p. 67; t. 233, p. 83 y muchos otros). La Constitución podrá o no haber impuesto al Congreso nacional un criterio definido para la legislación común prevista en el art. 67, inc. 11, y podrá o no haberla delimitado de un modo tan preciso como para impedir que normas de derecho común contengan disposiciones procesales cuando las integran (Fallos, t. 137, p. 303; t. 138, p. 154 y otros); pero lo que sí impone es una concepción clara y concreta de la separación de los poderes que constituyen el Gobierno nacional, y de las jurisdicciones entre la Nación y las provincias, de lo que surge, sin lugar a duda ni excepciones, que a las provincias corresponde asegurar la administración de justicia dentro de sus límites territoriales (art. 5°) y establecer sus respectivos poderes judiciales (arts. 104 y 105), reservándoles la aplicación del derecho común (art. 67, inc. 11). Toda explicación teórica que conduzca a sustraer de los jueces provinciales la aplicación del derecho común, no conseguiría sino transgredir estos principios. Así debe ser considerada la decisión en contrario dictada en estos autos.
    15) Que el art. 67, inc. 11, y sus correlativos 100, 104 y afines -en efecto-, reconocen una profunda raíz histórica en defensa de las autonomías provinciales. El primero de ellos debe su actual redacción a los constituyentes de 1860, que tuvieron en mira la necesidad de impedir que las provincias carecieran de jurisdicción civil, criminal, etc., una vez que los códigos respectivos – leyes de la Nación- hubiesen sido sancionados. De ahí el agregado que confiere la facultad de aplicarlos “a los tribunales federales o provinciales, según que las cosas o las personas cayeren bajo sus respectivas jurisdicciones” introducido al art. 67, inc. 11, y de ahí la frase: “con la reserva hecha en el inc. 11 del art. 67”, que correlativamente se incorporó al art. 100 por la Comisión nacional “ad hoc”. En la Convención de 1860 se expresó, con la firma de Bartolomé Mitre, Dalmacio Vélez Sársfield, José Mármol, Antonio Cruz Obligado y Domingo Faustino Sarmiento: “Por esto, la Comisión ha creído deber adicionar al inciso 11 del art. 64 (67), explicando que los códigos que el Congreso dictare no alterarán las jurisdicciones dadas, y la aplicación de las leyes que se contuviesen en los códigos nacionales, corresponderá a los tribunales provinciales o federales, según que las cosas o las personas cayesen bajo sus respectivas jurisdicciones” (“Asambleas Constituyentes Argentinas”, t. IV, 1827-1862, Buenos Aires, 1937, p. 782).
    16) Que el art. 67, inc. 16, no puede fundar una decisión en contrario, sin similar en la Constitución norteamericana, proviene de Alberdi (artículo 67, inc. 3° de su proyecto), que lo tomó en alguna medida, a su vez, de la Constitución chilena. Ha de interpretarse cuidando que sus efectos sean compatibles con los demás derechos constitucionales, sean de la Nación o de las provincias, o bien se trate de derechos individuales. Cuidando esos límites, el Congreso ha podido dotar al país de leyes que fomentaron su progreso de modo categórico. Pero el ámbito de legislación que puede sustentarse en este inc. 16 no puede confundirse con la legislación común del inc. 11, respecto de la cual la jurisprudencia de esta Corte es, como se vio, categórica.
    17) Que se ha sostenido, no obstante, que el Poder Legislativo sancionó las normas sobre cámaras paritarias refiriéndolas a una materia que adquiere un alcance distinto del que señala el inc. 11 del art. 67 de la Constitución, desde que, aunque haya modificado normas de derecho común, siempre se trataría de regular el llamado “ámbito rural específico” (Fallos, t. 241, p. 207; t. 235, p. 19 y otros [Rev. LA LEY, t. 93, p. 1, fallo 42.908 y t. 83, p. 190, fallo 39.110]). También se ha dicho que las leyes de arrendamientos han sido dictadas en uso de las facultades de “policía” conferidas por el inc. 16 del art. 67 de la Constitución ante materia constitutiva del ya mencionado “ámbito rural específico”. En ese sentido, cabe recordar que el carácter común de las normas no depende de que se encuentren en uno de los códigos mencionados por el art. 67, inc. 11, desde que hay numerosas disposiciones que se hallan fuera de ellos y revisten carácter común, así como otras numerosas que se encuentran dentro de esos cuerpos legales y carecen de tal naturaleza. La expresión empleada para destacar la especificidad de ciertos aspectos de la materia rural no entraña que se esté fuera del ámbito del derecho común tantas veces declarado en los fallos de esta Corte. Aun el llamado “ámbito rural específico” – de contornos no muy precisos- es susceptible de regulación por el derecho común. Las normas impugnadas en esta causa no constituyen, entonces, legislación especial, temporaria y de emergencia como las dictadas en uso de la potestad contenida en el art. 67, inc. 16, para reprimir el agio (Fallos, t. 243, p. 276 [Rev. LA LEY, t. 95, p. 106, fallo 43.633]) o, por aplicación del art. 67, inc. 17, para conceder amnistías generales (Fallos, t. 245, p. 455 [Rev. LA LEY, t. 97, p. 54, fallo 44.310]). Además, admitiendo las circunstancias excepcionales que habría promovido la sanción de las normas impugnadas, cabe decir que el carácter referido no es por sí sólo bastante para declarar que la materia por ellas regulada escapa a la órbita del inc. 11 del art. 67 y penetra la del inc. 16 del mismo artículo. Así; esta Corte, que sostuvo el carácter común de las leyes de arrendamientos rurales, según se dijo, ha declarado también en una constante línea jurisprudencial, que revisten aquel mismo carácter las leyes de prórroga de las locaciones urbanas (Fallos, t. 245, ps. 200 y 571 y otros [v. LA LEY del 4/9/60, p. 2, fallo 45.111]), no obstante el evidente carácter excepcional o de emergencia que les caracteriza. Además, la Corte ha declarado de competencia judicial y ajena a la de las Cámaras Paritarias la solución de contiendas agrarias vinculadas a planes de colonización (Fallos, t. 235, p. 56 y t. 237, p. 179 [Rev. LA LEY, t. 84, p. 170, fallo 39.520 y t. 86, p. 510, fallo 40.549]) y de forestación (Fallos, t. 236, p. 318 y otros [Rev. LA LEY, t. 89, p. 293, fallo 41.568]).
    Por otra parte, el examen de las circunstancias para determinar si ellas son o no excepcionales ha de hacerse con suma prudencia. Si cada vez que se invoque una circunstancia de ese tipo, o, aun, cada vez que realmente exista, se estuviese fuera del art. 67, inc. 11, la reserva de jurisdicción que éste asegura podría quedar eliminada en los hechos, tanto más cuanto que, en períodos de transformaciones constantes, acaso muy pocas materias -si no ninguna- serían excluidas en la sanción de leyes fundadas en hechos excepcionales. Además, la protección de los valiosos intereses agrarios no deja de ser eficaz a través de la interpretación y aplicación de sus leyes por la justicia que las provincias organizaran dentro del molde constitucional. El desarrollo de las potencias del progreso aludidas en Fallos, t. 171, p. 348 se halla garantizado plenamente con ese sistema y los casos extremos, que pueden acontecer también en la esfera nacional, son susceptibles del contralor definitivo por esta Corte mediante la interposición adecuada del recurso de arbitrariedad.
    18) Que muy poco se habría avanzado en el país si todo el celo de los constituyentes de 1860 pudiese malograrse al poner en manos de una decisión legislativa, por elevada que fuese su finalidad, la suerte de las autonomías provinciales y, con ello, el sistema federal de gobierno (arts. 1°, 104, 105 y afines). Es por eso que esta Corte ha declarado que algunas leyes eran propias de la potestad reconocida al Poder Legislativo por el art. 67, inciso 11, tal como se ha recordado en el párrafo anterior. Y cuando declaró que algunas otras, aparentemente dictadas en uso de aquella potestad, lo habían sido en ejercicio de las contenidas por otros incisos, lo hizo porque la materia del pronunciamiento evidentemente escapaba al carácter común. Así, en el recordado precedente de Fallos, t. 245, p. 455, esta Corte declaró: “Que la ley de amnistía, en efecto, de ningún modo puede ser considerada como disposición de derecho común, accesoria de la que reprime los delitos amnistiados. Por el contrario, su naturaleza esencial evidencia que ella es acto de gobierno”, “esencialmente político y de soberanía” (J. V. González, “Obras Completas”, ed. 1935, t. III, núm. 458), esto es, acto cuyas consecuencias exceden la potestad ordinaria de legislar en materia penal y presuponen el desempeño de la elevada función que Agustín de Vedia define así: “Es el consejo supremo de la sabiduría y la experiencia humana, ante la convicción de la esterilidad y la impotencia de la fuerza para apaciguar los espíritus, cicatrizar las heridas, adormecer los odios” (“Constitución Argentina”, p. 318). Y en el precedente, también citado, de Fallos, t. 243, p. 276, declaró: “Que la legislación en examen… es ajena al art. 67, inc. 11 de la Constitución Nacional; es una legislación especial, temporaria y de emergencia…”. Y también: “Que, en atención a la finalidad de esta legislación, es indudable que se trata de una legislación de policía federal que, por ello, extiende su imperio a todo el territorio de la Nación”.
    19) Que las conclusiones precedentes no importan juicio acerca de la forma como han actuado los integrantes de organismos paritarios -si superando la falta de título de abogado con el conocimiento de la materia rural, mediante celeridad de los trámites e independencia de los pronunciamientos; o, a la inversa, con deficiencias técnicas, sujeción al Poder Ejecutivo o a los intereses particulares de que cada integrante es copartícipe, así como lentitud en las tramitaciones; ni acerca de cuál es el sistema conveniente, aunque para su implantación fuese necesaria la reforma constitucional.
    Cabe recordar, sin embargo, “de lege ferenda”, -para poner de resalto la prudencia extremada que debe presidir toda idea de reformar las sabias previsiones constitucionales-, que el profesor norteamericano Lewis Mayers (“The American Legal System”, ed. Harper °° Brothers, New York, 1955) -con referencia a un país que, como el suyo, cuenta con organismos administrativos que ejercen funciones al amparo de una Constitución en la cual no se contiene, según se anotó, una norma tan categórica como el art. 95 de la Constitución Argentina- expresó los siguientes pensamientos: “…Resumiendo, se piensa que un examen de las leyes confiadas a la ejecución administrativa antes que a la judicial, revelará que solamente una minoría, tal vez una pequeña minoría, requiere conocimientos más especializados que el de aquellas leyes cuya ejecución se confía a los tribunales; y que un examen de las funciones de los órganos administrativos con jurisdicción para entender en los procedimientos de ejecución revela que muchos no tienen tales funciones de regulación o de administración sobre la materia de que tratan, como las que le daría un conocimiento especializado, si fuera necesario”.
    “Si uno limita su atención al área relativamente pequeña de procedimientos de ejecución en donde el texto de la ley reglamentaria y la complejidad de la materia regulada exigen en verdad la presencia de expertos, el problema subsiste acerca de si tal pericia puede únicamente ser poseída por quienes están dedicados simultáneamente a la regulación y a la administración del problema. En cuanto concierne al personal jurisdiccional subordinado, se acepta por todos ahora que no debieran dedicarse a actividades reglamentarias o administrativas. Comunmente, el director del órgano administrativo depende de sus subordinados con funciones de asesoramiento. Si se requiere un conocimiento especializado, ¿no puede acaso encontrarse igualmente tal especialización en un tribunal ajeno completamente a la reglamentación y administración, cuyos miembros se eligen entre quienes tienen experiencia en el tema y cuyos propios conocimientos se ven fortificados por el personal de investigación y por el cuerpo de peritos-árbitros del tribunal? No es necesario recalcar que tal tribunal puede organizarse rápidamente como parte del Poder Judicial antes que del administrativo, si se deseara tal cosa” (p. 446).
    “Si al elegir entre el procedimiento de ejecución judicial y el administrativo, debiera preferirse a uno de ellos sobre la base de un principio fundamental, no debiera permitirse que el factor secundario de la rapidez afecte la elección. Cualquiera que sea el procedimiento elegido sobre un principio, debe buscarse rapidez en su conducta. Pero a veces se argumenta en favor de la rapidez como si fuera de la misma esencia” (p. 447).
    “…La creencia de que el tribunal administrativo se vea libre de restricciones procesales, y ello asegure de hecho automáticamente la rapidez, es en sí misma infundada. Un estudio hecho en el Congreso en 1951 sobre las actividades jurisdiccionales de la Comisión de comercio federal, se refería a sus laboriosos y dilatados procesos de jurisdicción administrativa» y expresaba que «una persona que presente una petición común a la Comisión, no debe esperar que la decisión se dicte antes de varios años, ello sobre la base de los antecedentes pasados. Los casos más graves han necesitado una década, ocasionalmente. No debiera sorprender a quienes conocen las múltiples causas de demoras en los procedimientos judiciales, no relacionados con las normas procesales o de prueba, que condiciones similares se produzcan en la justicia administrativa»”.
    “Tampoco puede afirmarse que la libertad para dejar de lado las excluyentes normas de prueba que se consideran dominantes en el procedimiento judicial (así como la libertad para apartarse también del molde interrogativo seguido en dicho procedimiento) asegure automáticamente que el tribunal administrativo que dirige la audiencia llegue a luchar de entrada con los problemas fundamentales que lo enfrenta, deduciendo de ellos de manera expeditiva los hechos necesarios. De la misma manera que un juez capaz, cumpliendo las normas procesales, puede impulsar el procedimiento de manera expeditiva, un funcionario administrativo sin mayor capacidad o interés, puede, a pesar de la gran libertad de que goza, dejar que el procedimiento en que conoce se estanque innecesariamente. De tal manera, un autorizado análisis oficial sobre los órganos federales, realizado en 1949, informó que «las audiencias de alguna de las comisiones han sido muy criticadas por indebidamente largas y dilatadas. Las actuaciones tienden a estar recargadas de pruebas repetidas y acumuladas, de largas declaraciones de los asesores y los testigos que son esencialmente argumentativos, y de inútiles repreguntas»”.
    “De lo que antecede surge que la actual tendencia a confiar la ejecución de nuevas leyes a los órganos administrativos antes que a judiciales requiere ser reconsiderada; y que aun en casos de procedimientos administrativos de ejecución de larga data, como el tendiente a la revocación de permisos (federal, estadual o local), el de fraudes por medio del correo, el de deportación, el de prácticas desleales del trabajo y muchos otros, exigen un fundamental reexamen de la necesidad de tribunales aparte del Poder Judicial organizado independientemente, al cual todavía se confían la gran mayoría de procedimientos de ejecución” (ps. 447/448).
    Cabe destacar que la Suprema Corte de los Estados Unidos de Norte América ha sostenido en reiterados pronunciamientos el principio de la revisibilidad por los jueces, al menos en una instancia, de las resoluciones administrativas (355 US 579; 358 US 184; 360 US 601 y otros).
    También ha de puntualizarse que diversas medidas e iniciativas -cualquiera sea su éxito- persiguen el propósito de adecuar el régimen “sub examine” al orden constitucional. El Poder Ejecutivo de la Nación proyecta la reforma al régimen de arrendamientos y aparcerías rurales indicando los reparos sobre su inconstitucionalidad (D. de ses., Cámara de Senadores de la Nación, año 1958, ps. 520 y sigts.). El decreto-ley 868/57 de la Prov. de Buenos Aires (ADLA, XVII-B, 1294) instituye el fuero rural de esa provincia, habiéndose integrado la materia por el decreto-ley 21.209/57 (ADLA, XVII-B, 1427) y su decreto reglamentario, que lleva el núm. 22.987/57. Y, actualmente, mediante el decreto-ley 3739/58 (ADLA, XVIII-B, 1446) se pone en manos de los tribunales del trabajo de esa provincia la decisión de los litigios agrarios, hasta tanto se constituya el fuero rural. Asimismo, es subrayable que en oportunidades diversas se han expresado en el Poder Legislativo conceptos severos alegando la inconstitucionalidad de las Cámaras Paritarias (D. de ses., Cámara de Diputados, año 1948, ps. 3445 y otras; año 1950, ps. 155 y otras; año 1955, ps. 943 y otras; año 1958, ps. 2184 y otras). Y cabe recordar, finalmente, que las soluciones legislativas sancionadas al margen de la Constitución perturban cada vez más intensamente en un otro aspecto, porque, el día en que se vuelve al cauce constitucional, los intereses formados al amparo de esas soluciones deben ceder ante los superiores de la convivencia dentro de la Constitución, con los consiguientes perjuicios materiales que han de sobrevenir a aquellos intereses.
    20) Que los fundamentos precedentemente expuestos hacen innecesario en esta causa la mención de otros afines.
    21) Que sobre los demás agravios, por tanto, no cabe pronunciamiento porque él sería abstracto.
    Por tanto, habiendo dictaminado el procurador general, se declara la inconstitucionalidad de los arts. 46 de la ley 13.246, 1° y 2° de la ley 13.897 y 26 de la ley 14.451 y, en consecuencia, se revoca la sentencia apelada. – Luis M. Boffi Boggero. – Pedro Aberastury.
    Comentario:
    1) Tras un análisis del presente fallo voy a presentar algunas anomalías que va en desmedro de la Suprema Corte de Justicia, programa que figura como elemental para la materia que vamos a emprender y haremos una breve síntesis del mismo en la parte pertinente
    Me suena algo extraño el porque la importancia de este fallo si ya lo Corte como dicen en reiteradas oportunidades ha resuelto que son Órganos Administrativos
    La Corte aqui trae a Gran Bretaña segun dice si no entendimos mal que existe una pletora de tribunales administrativos, por lo que se aca no existen tribunales administrativos, aca solo existe la juridiccion y la administracion no veo la realidad entre lo que pasa en Inglaterra segun veo a lo que pasa aca Argentina
    Hay entonces este fallo no es importante que le damos porque si varias veces la Corte ha establecido la validez de la creación de Organos procedimientos y jurisdicciones especiales de índole administrativa
    dice que un Articulo Constitucional se apoya ,implícitamente … un conjunto de dogmas rígidos..” estamos Señores Hablando de la Constitución de la Nación Argentina y dice que los artículos de la misma pueden ser modificados o y delineados en el ámbito razonable no se de que me esta hablando algo huele mal yo siempre pensé que la constitución no se podía tocar y que para resolver un conflicto se debería proceder a la reforma de la Constitución pero nunca resolver que un articulo dice lo que no dice por mas que el modernismo se nos antoje demodé
    COMO DICE QUE EL CIUDADANO TIENE UNA OPCION LEGAL O SEA SI ELIJE LA ADMINISTRATIVA QUE LO JUZGUE LA ADMINISTRATIVA, PERO SI ELIJE LA JUDICIAL LO JUZGA LA JUDICIAL ,HABER ES CLARO O ME EQUIVOCO CHICOS DIGANMEN QUE ME EQUIVOCO LOS ALUMNOS SILENCIO PERO SI FUERA UNA OPCION TENDRIA QUE ESTAR EN CADA CEDULA QUE REALIZAN LOS ORGANISMOS ADMINISTRATIVOS ESTA OPCION QUE DICE LA CORTE Y VUELVO A UN VIEJO DICHO …” CUANDO LA CONSTITUCION Y LAS LEYES DAN UN PODER AL CIUDADANO DEVIENE EN UN DEBER DE LOS MAGISTRADOS NOTIFICARSELO , SINO SE VULNERA SU DERECHO DE DEFENSA Y LA NULIDAD SE IMPONE.
    DR JORGE ENRIQUE BERMAN

  30.   Pedro dijo

    Necesito encontrar urgentemente a una amiga cubana afincada en Miami . Su nombre es Wilma Catalina Guzmán Alfonso. Yo soy Pedro de España, me es muy necesario encontrarla. Si alguien le concoe o sabe de ella o si tu misma Wilma vieras este anuncio te ruego te pongas en contacto conmigo por E-mail: PedroPajares67@hotmail.es, por tfno. 671088792 tfno.fijo 924811022 o por correo, Pedro Pajares, Arroyazo 16-1ºA.06400 Don Benito (Badajoz) España.

  31. Las veredas son propiedad privada de uso público”, fue lo primero que dijo la titular de Obras Públicas, Julia Sierra, quien también informó que cada frentista con su vereda en malas condiciones recibe una notificación, en cumplimiento a la Ordenanza 2465/92, para proceder con su reparación en un plazo de 90 días.

    Según Prensa Municipal, en el marco de una planificación de trabajo, que incluye la reparación y construcción de cordones, de rampas para discapacitados, la construcción e instalación de refugios para los usuarios del transporte público de pasajeros y la restauración y mantenimiento de los edificios públicos municipales, entre otras actividades; la Dirección General de Obras Públicas lleva adelante un plan de reparación de veredas.

    Al respecto, Julia Sierra destacó que ante la magnitud del deterioro que presentan las veredas, tanto en el micro como en el macro centro, donde en algunos casos las tareas demandan un levantamiento total del cemento existente para cortar las raíces y nivelar el terreno con un tiempo que excede los previstos, se procedió a dar cumplimiento a la Ordenanza 2465/92 reglamentada en el año 1997, mediante el Decreto 327, la cual declara la obligación del frentista tanto para la reparación como para el mantenimiento de su vereda.

    Para ello, el área de Obras Públicas dispuso 4 controladores distribuidos en distintos sectores del macrocentro quienes realizan un relevamiento del estado de todas y cada una de las veredas y, en caso de detectarse un deterioro, notifican a su propietario, quienes tendrán un plazo de 90 días para reparar su vereda o realizar los descargos pertinentes. De todos modos, dichos plazos pueden ser modificados según los casos.

    Por otro lado, en los casos en que exista una intervención municipal para instalar una cañería o cableado, la institución debe hacerse cargo de la reparación correspondiente, del mismo modo se debe proceder con las empresas privadas que realizan instalaciones con reparaciones mal terminadas.

    Casos especiales

    Acerca de los casos especiales tales como propietarios con imposibilidad económica para afrontar la reparación de su vereda, Sierra señaló que se da intervención a la Secretaría de Desarrollo Humano y Social a fin de constatar la situación y, mediante un informe de asistencia social, el municipio realiza la reparación. Del mismo modo se procede cuando el frentista dispone de la mano de obra pero no de los materiales, en esos casos también la municipalidad realiza su aporte.

    La reacción de los frentistas

    En cuanto a la respuesta que ofrecen los frentistas al ser notificados la funcionaria, indicó que diariamente los controladores reciben distintas reacciones. “Algunos frentistas expresan su conformidad ante el cumplimiento de las normas legales que sin dudas sirven para lograr una mejor calidad de vida, otros en cambio se niegan a prestar colaboración en bien de la comunidad”, indicó.
    Veredas: Una responsabilidad más para el consorcio.
    Las veredas de Buenos Aires, tienen un no sé qué….así rezaba la famosa Balada para un loco, y locos quedamos todos nosotros después de caminar por ellas.-
    Pero….si me caigo, me lastimo, tengo que tener un largo período de recuperación, de quién es la responsabilidad ??, quién me paga todos los daños , perjuicios y daños morales que tendré ¿? A quién podré reclamar??? Este tema que generalmente pasa casi desapercibido, no porque no traiga trastornos, sino porque es, dentro de la escala de prioridades de un consorcio, un tema se podría decir…. casi menor . Lea la nota y verá que trascendencia puede tener para un consorcio.
    Conforme la ordenanza Nro. 33721 de construcción y conservación de veredas Ens. Artículo 1ero. dice: “La responsabilidad primaria y principal de la construcción, mantenimiento y conservación de veredas compete al propietario frentista”si leyó bien!!!! Ahora baje o salga la vereda de su edificio y controle el estado de su vereda, pues entre que lee esta nota y llega ya puede ser tarde, si alguien se cayó en el interín, queda claro de quién es la responsabilidad. O sea que cuando la vereda esté deteriorada estará a cargo del consorcio frentista-
    Casos en los que la Municipalidad se hace cargo de la reparación:
    tomará a su cargo la reparación de las aceras en los siguientes casos: Cuando resulten deterioradas:
    a.-)por obras de pavimentación , repavimentación y recapado de calles y avenidas o por trabajos relacionados con el alumbrado público, señalización luminosa, demarcación y corte de raíces de árboles plantados por la comuna (art. 9º )
    b.-)También puede reparar por sí o por empresa privada con cargo a empresas de servicios públicos cuando hayan afectado las aceras en ocasión de trabajos realizados por algún servicio público (conforme ley 19084 BO 22.201 art. 10º)
    c.-)también la propia empresa puede repararla dentro de los 10 días hábiles , partir del cierre provisorio de la apertura (art. 11º)
    d.-)La municipalidad puede reparar con cargo a los propietarios del inmueble (art. 12º)
    Conforme el art. 16º la vereda puede deteriorarse o verse afectada por obras de empresas de servicios públicos, demarcaciones, colocación de alumbrado público etc (art16º) no imputables al frentista y se aplicará el siguiente procedimiento:
    La empresa debe entregar al frentista una constancia del deterioro que ocasione , debiendo conservar el mismo la constancia para demostrar que se encuentra exento de cualquier responsabilidad derivada de ese deterioro debiendo contener dicha constancia denominación de la empresa, número de permiso otorgado por la Dirección de la Vía Pública a dicha empresa para la ejecución del trabajo y fecha del mismo (art.17º in fine)
    Importante: En caso de que la empresa no satisficiera lo requerido, el frentista deberá hacer la denuncia a la Dirección de la Vía Pública, a fin de deslindarse de responsabilidades, informando el causante del deterioro (Art. 17º inc. C) .
    A continuación a modo de ejemplo una multa aplicada a frentista por la Municipalidad de Buenos Aires.

    SECRETARÍA DE JUSTICIA Y SEGURIDAD URBANA Dirección General Control de Calidad Ambiental Intimación
    Intímase al propietario del inmueble sito en la calle N.. 3637/43, referente al Registro Nº 7.138-DGCCA/02, a realizar la desratización e higienización del mismo, como así también la reparación de la acera y construcción del cerco reglamentario, dentro de los diez (10) días de publicado el presente Edicto, en el marco de lo preceptuado en tal sentido por el artículo 11 de la Ordenanza Nº 33.581 (B.M. Nº 15.540), A.D. 470.2, el que establece que “Todo propietario de terreno total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene, seguridad y estética” y la Ordenanza Nº 33.721 (B.M. Nº 15.590), A.D. 640.9, la que establece que: “la responsabilidad primaria y principal de la construcción, mantenimiento y conservación de veredas, compete al propietario frentista”, bajo apercibimiento de aplicación de multa y la ejecución de los trabajos mencionados por administración y a su costa.Diego A. Martínez
    Director General José N. Vispo a/c Área Control de Plagas
    inicia: 12-1-2005 Vence: 18-1-2005
    A su vez es interesante un fallo en donde se condena al consorcio frentista por no seguir exactamente los lineamientos establecidos en la ordenanza 33721 para eximirse de responsabilidades: “a los 30 días del mes de abril de dos mil uno, reunidos en Acuerdo los Señores Jueces de la Excma. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, Sala “F”, …. I.- La actora promueve la presente acción contra la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires y contra el Consorcio de Propietarios de la calle Uruguay 286/92 por cobro de la suma de $ 3057,04 con más sus intereses , costas y la actualización monetaria, en concepto de los daños y perjuicios que sufriera a raíz de una caída ocurrida en la calle Sarmiento frente al inmueble que lleva el nº 1406 haciendo esquina con la calle Uruguay y que fuera provocada por la existencia de la vereda rota con varios pedazos de su estructura completamente sueltos y un trozo de baldosón suelto.
    La sentencia de primera instancia hizo lugar a la demanda incoada y condenó a la Comuna y al Consorcio de Propietarios de Uruguay 292 Esquina Sarmiento 1406 a pagar a la actora, dentro del plazo de diez días, la cantidad de $ 45.210, con más sus intereses y las costas del juicio….. Si bien es cierto que la Comuna es la propietaria de la acera, siendo éstas de dominio público del estado Municipal (conf. arts. 2339, 2340 inc. 7 y 2344 del Código Civil) y que las distintas municipalidades tienen la obligación de construirlas y conservarlas en buen estado (Ley 11.545), también es cierto que la Comuna ha delegado, por medio de la Ordenanza 33.721 de la M.C.B.A., la responsabilidad primaria y principal de la construcción, mantenimiento y conservación de la veredas a los propietarios frentistas. Este precepto tiene su excepción cuando en los casos que la acera sea afectada por obras de empresas de servicios públicos, debiendo las mismas y la municipalidad, entregar al propietario frentista constancia del deterioro ocasionado, pudiendo acreditar de ese modo que está exento de responsabilidades ante cualquier circunstancia en que se le formularan imputaciones. En el art. 17 de la ordenanza antes mencionada, se establece que en los casos que la acera presente desperfectos por obras de los servicios públicos, el frentista deberá formular la denuncia ante la autoridad de aplicación….. La ley 11.545 en su art. 2º establece que cuando la vereda se vea afectada por obras de empresas de servicios públicos, tanto éstas como la Municipalidad entregarán al propietario frentista una constancia del deterioro ocasionada, comprobante que no ha sido alegado ni acreditado como prueba en ningún momento del juicio por el consorcio demandado. Esa misma ley en su art. 17, inc. A) y c), estipula que en el hipotético caso de incumplimiento de la entrega del comprobante, el propietario frentista deberá efectuar la denuncia correspondiente ante la autoridad de aplicación aportando todos los datos para identificación del causante, lo cual tampoco acreditó el demandado. Por lo que corresponde confirmar lo decidido por el juez de grado en este sentido….. Por otro lado, no obstante efectuar el Gobierno una delegación al frentista, la Comuna resulta ser la propietaria de las aceras y guarda para sí el ejercicio del poder de policía, que le impone el deber de asegurar que las veredas tengan una mínima y razonable conformación, para evitar que la deficiente conservación de la cosa, se transforme en fuente de daños para terceros. Por tal razón la responsabilidad que pueda atribuirse al frentista no releva la correspondiente al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.”
    Se puede realizar el reclamo ante el GCBA por una vereda rota, si la misma fue deteriorada por las raíces de un árbol o si fuera destruida como consecuencia de trabajos realizados por el GCBA. En forma personal se asienta el reclamo en los Centros de Gestión y Participación. Y telefónicamente puede realizarse el mismo al 0800-999-2727 (Lunes a viernes de 7.30 a 20.30 hs. Sábados, domingos y feriados de 8 a 20 hs.). En caso de peligro por hundimiento de veredas interviene la Guardia de Auxilio en forma inmediata. Guardia de Auxilio: 4545-8648, 4543-5028, 4543-5120 o 103 (Emergencias).El reclamo también puede realizarse por internet.

    El GCBA otorga los permisos y controla a las empresas que realizan aperturas o roturas de calzadas, veredas, cordón o calle por cualquier motivo. Para verificar si la empresa cuenta con la debida autorización y averiguar en qué condiciones y en qué plazo debe realizar las tareas en la vía pública, se puede consultar o efectuar los reclamos en el Area de Centralización y Supervisión de Tareas en la Vía Pública, 4323-8000 internos 4627/4013/4107, de lunes a viernes de 8 a 17 hs.

    Como dije al principio, me parece que el estado de la veredas de los lectores de esta nota merece un poco más de atención y bien puede ser en la próxima asamblea el primer punto del orden del día para establecer su pronta reparación , después pude llegar a ser tarde
    UMARIO ACCIDENTE EN LA VIA PUBLICA. Caída de un transeúnte en la vía pública al tropezar contra una rejilla de propiedad de Edesur que se encontraba sobre el nivel de la acera. Responsabilidad de la empresa propietaria de la cosa y del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Ejercicio del Poder de Policía
    R. 305220 – “Moltedo de Dickson Nelly María c/Empresa Distribuidora Sur SA y otro s/Daños y perjuicios” – CNCIV – SALA H – 25/04/2001
    Como vemos lo hasta aquí expuesto, no debemos dejar reconocer como las veredas son del frentista, con uso de toda la comunidad que pase por ella, pero empecemos a hilvanar mas finito, vemos que las Municipalidades cobran tasas así como la ciudad de Buenos Aires, cobra similar tributo, para barrido, limpieza y luz no hay forma de decir que no, entonces dilucidemos un poco, hasta donde llega nuestra propiedad, diríamos toda la vereda del frente de nuestra vivienda, hasta el cordón, dado que debemos pagar la limpieza que se realiza al cordón de la vereda que deslinda justo con el dominio publico es decir la calzada.
    Que como se vera en numerosas veredas existen colocados palos algunos de cemento y otros de madera, por donde pasan cables, es decir que las empresas usan esos cables para su beneficio, ninguna lo hace por el bien de la sociedad, pero se olvidan donde asientan tamaños tronco de madera o cemento, es nuestra propiedad ,porque el uso es para los que pasan por la vereda no el que lucra con la vereda, por consiguiente a nosotros no nos decuenta el municipio por el uso indebido de nuestro dominio, es una nueva restricción a nuestra propiedad que debemos soportar ,por quien fue escrita esta restricción por la propia empresa que sigue un fin de lucro.
    Esto resulta así, también cuando privatizan el cordón y ya ni nuestros autos podemos estacionar, y tenemos que pagar una oblea por estacionar en nuestro frente, pero veamos quien reglamento ese hecho, no vio que existen los frentistas que pagan y no se le realiza ningún descuento por el uso de nuestro dominio por una empresa que persigue el lucro y nosotros nada
    Para proseguir, todos los cables que cuelgan por nuestras azoteas o nuestras paredes también atentas nuestro dominio y las empresas que los colocan también persiguen un fin de lucro.
    Hay tantas restricciones a nuestra propiedad y los doctrinarios administrativista nada hacen por resolverla , dado que algunos son funcionarios o fueron funcionarios de la administración publica, de la nación, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de la Provincia o de los Municipalidades no se dieron cuenta
    Hoy traigo a mis camaradas algo que enseño en las aulas para que comprendan que como siempre digo abogados hay muchos pero investigadores del derecho ,eso es lo que busco cuando enseño que todos sean investigadores del derecho cuando lleguen al final de la carrera
    DR BERMAN JORGE ENRIQUE

  32.   nicolle dijo

    kiero conocer amigos en facebook mi correo es nicollegiron@hotmail.com soy de honduras espero me escriban bye

  33.   yersson dijo

    busco a Laleska Megia (perú). .. Diganle q la amo !! Muxoo !!

  34. DENUNCIA –SE DECLARE –INEXISTENCIA DELACTO JURIDICO

    En mi calidad de Ciudadano hablada por la Constitución Nacional art 75 inc 21 Tratado de San Jose de Costa Rica donde me da la potestad de realizar la presente denuncia por mi o un abogado a costa del Estado, por lo que por mi propio derecho vengo a V.S. a que se declare ACTOS INEXISTENTES como lo establece la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires que acompaño a la presente todos los actos que fueron culpados los perteneciente a la Aviación, Marina y Ejercito asi como todos los integrantes que lucharon por el bien de la argentina y hoy se ven presos por los hechos y derecho que paso a exponer :
    La Constitución Nacional es algo que deberiamos estudiar todos en especial los integrantes de los Derechos Humanos para no ahondar el art 18 de la Carta Magna establece “… Ningun habitante de la Nación puede ser penado sin juicio previo fundado en ley anterior al hecho del proceso…”, es decir que la Constitución Nacional recepta el nula pena sine lege es decir que nadei puede ser juzgado por una ley que no se encontraba vigente al momento de ser cometido el hecho.
    Que es facil establecer que si bien el Tratado sobre çCirmenes de genocidio o crimen de lesa humanidad fueron receptado este ultimo ya que el primero de genocidio tiene base en 1948 y tendriamos que ver cuando argentina al momento reglamento ese tratado,pero el ultimo de Lesa Humanidad arranca con el Estatuto de la Corte Penal Internacional en 1998 razon suficiente para establecer no ya la nulidad de lo actuado sino la inexistencia del acto juridico donde se establece la culpabilidad de los funcionarios militares.
    Que si permitimos adecuar la Constitución a nuestro arbitro entonces ya se viola una ves ya podemos tirar a la basura toda la constitución porque entonces cualquiera la podria adecuar a sus deseos y ello no lo podemos permitir nosotros como ciudadanos de bien que si los juicios a la juntas estan prescripto yo digo que los juicios a la junta son inexistentes porque cuando se realizaron se lo juzgo vulnerando la Constitución Nacional el nula pena sine lege .
    Porque seria una cuestion de setido comun por ejemplo un homicida la muerte se va perpetuando en el tiempo entonces tambien a el se le da la libertad.
    Un violador se perpetua en el tiempo y entonces tendriamos tambien que darle prision de por vida.

    Acompaño Estatuto de la Corte para mayor claridad

    NACIONES
    UNIDAS
    Distr. General
    A/CONF.183/9
    17 de julio de 1998
    ORIGINAL: ÁRABE/CHINO/ ESPAÑOL/FRANCÉS/ INGLÉS/RUSO

    ESTATUTO DE ROMA DE LA CORTE PENAL INTERNACIONAL

    Aprobado el 17 de julio de 1998 por la Conferencia Diplomática de Plenipotenciarios de las Naciones Unidas sobre el establecimiento de una corte penal internacional.

    PREÁMBULO
    Conscientes de que todos los pueblos están unidos por estrechos lazos y sus culturas configuran un patrimonio común y observando con preocupación que este delicado mosaico puede romperse en cualquier momento,
    Teniendo presente que, en este siglo, millones de niños, mujeres y hombres han sido víctimas de atrocidades que desafían la imaginación y conmueven profundamente la conciencia de la humanidad,
    Reconociendo que esos graves crímenes constituyen una amenaza para la paz, la seguridad y el bienestar de la humanidad,
    Afirmando que los crímenes más graves de trascendencia para la comunidad internacional en su conjunto no deben quedar sin castigo y que, a tal fin, hay que adoptar medidas en el plano nacional e intensificar la cooperación internacional para asegurar que sean efectivamente sometidos a la acción de la justicia,
    Decididos a poner fin a la impunidad de los autores de esos crímenes y a contribuir así a la prevención de nuevos crímenes,
    Recordando que es deber de todo Estado ejercer su jurisdicción penal contra los responsables de crímenes internacionales,
    Reafirmando los Propósitos y Principios de la Carta de las Naciones Unidas y, en particular, que los Estados se abstendrán de recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier Estado o en cualquier otra forma incompatible con los propósitos de las Naciones Unidas,
    Destacando, en este contexto, que nada de lo dispuesto en el presente Estatuto deberá entenderse en el sentido de que autorice a un Estado Parte a intervenir en una situación de conflicto armado en los asuntos internos de otro Estado,
    Decididos, a los efectos de la consecución de esos fines y en interés de las generaciones presentes y futuras, a establecer una Corte Penal Internacional de carácter permanente, independiente y vinculada con el sistema de las Naciones Unidas que tenga competencia sobre los crímenes más graves de trascendencia para la comunidad internacional en su conjunto,
    Destacando que la Corte Penal Internacional establecida en virtud del presente Estatuto será complementaria de las jurisdicciones penales nacionales,
    Decididos a garantizar que la justicia internacional sea respetada y puesta en práctica en forma duradera,
    Han convenido en lo siguiente:
    PARTE I. DEL ESTABLECIMIENTO DE LA CORTE
    Artículo 1
    La Corte
    Se instituye por el presente una Corte Penal Internacional (“la Corte”). La Corte será una institución permanente, estará facultada para ejercer su jurisdicción sobre personas respecto de los crímenes más graves de trascendencia internacional de conformidad con el presente Estatuto y tendrá carácter complementario de las jurisdicciones penales nacionales. La competencia y el funcionamiento de la Corte se regirán por las disposiciones del presente Estatuto.
    Artículo 2
    Relación de la Corte con las Naciones Unidas
    La Corte estará vinculada con las Naciones Unidas por un acuerdo que deberá aprobar la Asamblea de los Estados Partes en el presente Estatuto y concluir luego el Presidente de la Corte en nombre de ésta.
    Artículo 3
    Sede de la Corte
    1. La sede de la Corte estará en La Haya, Países Bajos (“el Estado anfitrión”).
    2. La Corte concertará con el Estado anfitrión un acuerdo relativo a la sede que deberá aprobar la Asamblea de los Estados Partes y concluir luego el Presidente de la Corte en nombre de ésta.
    3. La Corte podrá celebrar sesiones en otro lugar cuando lo considere conveniente, de conformidad con lo dispuesto en el presente Estatuto.
    Artículo 4
    Condición jurídica y atribuciones de la Corte
    1. La Corte tendrá personalidad jurídica internacional. Tendrá también la capacidad jurídica que sea necesaria para el desempeño de sus funciones y la realización de sus propósitos.
    2. La Corte podrá ejercer sus funciones y atribuciones de conformidad con lo dispuesto en el presente Estatuto en el territorio de cualquier Estado Parte y, por acuerdo especial, en el territorio de cualquier otro Estado.
    PARTE II. DE LA COMPETENCIA, LA ADMISIBILIDAD Y EL DERECHO APLICABLE
    Artículo 5
    Crímenes de la competencia de la Corte
    1. La competencia de la Corte se limitará a los crímenes más graves de trascendencia para la comunidad internacional en su conjunto. La Corte tendrá competencia, de conformidad con el presente Estatuto, respecto de los siguientes crímenes:
    a) El crimen de genocidio;
    b) Los crímenes de lesa humanidad;
    c) Los crímenes de guerra;
    d) El crimen de agresión.
    2. La Corte ejercerá competencia respecto del crimen de agresión una vez que se apruebe una disposición de conformidad con los artículos 121 y 123 en que se defina el crimen y se enuncien las condiciones en las cuales lo hará. Esa disposición será compatible con las disposiciones pertinentes de la Carta de las Naciones Unidas.
    Artículo 6
    Genocidio
    A los efectos del presente Estatuto, se entenderá por “genocidio” cualquiera de los actos mencionados a continuación, perpetrados con la intención de destruir total o parcialmente a un grupo nacional, étnico, racial o religioso como tal:
    a) Matanza de miembros del grupo;
    b) Lesión grave a la integridad física o mental de los miembros del grupo;
    c) Sometimiento intencional del grupo a condiciones de existencia que hayan de acarrear su destrucción física, total o parcial;
    d) Medidas destinadas a impedir nacimientos en el seno del grupo;
    e) Traslado por la fuerza de niños del grupo a otro grupo.
    Artículo 7
    Crímenes de lesa humanidad
    1. A los efectos del presente Estatuto, se entenderá por “crimen de lesa humanidad” cualquiera de los actos siguientes cuando se cometa como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque:
    a) Asesinato;
    b) Exterminio;
    c) Esclavitud;
    d) Deportación o traslado forzoso de población;
    e) Encarcelación u otra privación grave de la libertad física en violación de normas fundamentales de derecho internacional;
    f) Tortura;
    g) Violación, esclavitud sexual, prostitución forzada, embarazo forzado, esterilización forzada u otros abusos sexuales de gravedad comparable;
    h) Persecución de un grupo o colectividad con identidad propia fundada en motivos políticos, raciales, nacionales, étnicos, culturales, religiosos, de género definido en el párrafo 3, u otros motivos universalmente reconocidos como inaceptables con arreglo al derecho internacional, en conexión con cualquier acto mencionado en el presente párrafo o con cualquier crimen de la competencia de la Corte;
    i) Desaparición forzada de personas;
    j) El crimen de apartheid;
    k) Otros actos inhumanos de carácter similar que causen intencionalmente grandes sufrimientos o atenten gravemente contra la integridad física o la salud mental o física.
    2. A los efectos del párrafo 1:
    a) Por “ataque contra una población civil” se entenderá una línea de conducta que implique la comisión múltiple de actos mencionados en el párrafo 1 contra una población civil, de conformidad con la política de un Estado o de una organización de cometer esos actos o para promover esa política;
    b) El “exterminio” comprenderá la imposición intencional de condiciones de vida, la privación del acceso a alimentos o medicinas entre otras, encaminadas a causar la destrucción de parte de una población;
    c) Por “esclavitud” se entenderá el ejercicio de los atributos del derecho de propiedad sobre una persona, o de algunos de ellos, incluido el ejercicio de esos atributos en el tráfico de personas, en particular mujeres y niños;
    d) Por “deportación o traslado forzoso de población” se entenderá el desplazamiento de las personas afectadas, por expulsión u otros actos coactivos, de la zona en que estén legítimamente presentes, sin motivos autorizados por el derecho internacional;
    e) Por “tortura” se entenderá causar intencionalmente dolor o sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales, a una persona que el acusado tenga bajo su custodia o control; sin embargo, no se entenderá por tortura el dolor o los sufrimientos que se deriven únicamente de sanciones lícitas o que sean consecuencia normal o fortuita de ellas;
    f) Por “embarazo forzado” se entenderá el confinamiento ilícito de una mujer a la que se ha dejado embarazada por la fuerza, con la intención de modificar la composición étnica de una población o de cometer otras violaciones graves del derecho internacional. En modo alguno se entenderá que esta definición afecta a las normas de derecho interno relativas al embarazo;
    g) Por “persecución” se entenderá la privación intencional y grave de derechos fundamentales en contravención del derecho internacional en razón de la identidad del grupo o de la colectividad;
    h) Por “el crimen de apartheid” se entenderán los actos inhumanos de carácter similar a los mencionados en el párrafo 1 cometidos en el contexto de un régimen institucionalizado de opresión y dominación sistemáticas de un grupo racial sobre uno o más grupos raciales y con la intención de mantener ese régimen;
    i) Por “desaparición forzada de personas” se entenderá la aprehensión, la detención o el secuestro de personas por un Estado o una organización política, o con su autorización, apoyo o aquiescencia, seguido de la negativa a informar sobre la privación de libertad o dar información sobre la suerte o el paradero de esas personas, con la intención de dejarlas fuera del amparo de la ley por un período prolongado.
    3. A los efectos del presente Estatuto se entenderá que el término “género” se refiere a los dos sexos, masculino y femenino, en el contexto de la sociedad. El término “género” no tendrá más acepción que la que antecede.
    Artículo 8
    Crímenes de guerra
    1. La Corte tendrá competencia respecto de los crímenes de guerra en particular cuando se cometan como parte de un plan o política o como parte de la comisión en gran escala de tales crímenes.
    2. A los efectos del presente Estatuto, se entiende por “crímenes de guerra”: a) Infracciones graves de los Convenios de Ginebra de 12 de agosto de 1949, a saber, cualquiera de los siguientes actos contra personas o bienes protegidos por las disposiciones del Convenio de Ginebra pertinente:
    i) Matar intencionalmente;
    ii) Someter a tortura o a otros tratos inhumanos, incluidos los experimentos biológicos;
    iii) Infligir deliberadamente grandes sufrimientos o atentar gravemente contra la integridad física o la salud;
    iv) Destruir bienes y apropiarse de ellos de manera no justificada por necesidades militares, a gran escala, ilícita y arbitrariamente;
    v) Obligar a un prisionero de guerra o a otra persona protegida a prestar servicio en las fuerzas de una Potencia enemiga;
    vi) Privar deliberadamente a un prisionero de guerra o a otra persona de sus derechos a un juicio justo e imparcial;
    vii) Someter a deportación, traslado o confinamiento ilegales;
    viii) Tomar rehenes;
    b) Otras violaciones graves de las leyes y usos aplicables en los conflictos armados internacionales dentro del marco del derecho internacional, a saber, cualquiera de los actos siguientes:
    i) Dirigir intencionalmente ataques contra la población civil en cuanto tal o contra civiles que no participen directamente en las hostilidades;
    ii) Dirigir intencionalmente ataques contra objetos civiles, es decir, objetos que no son objetivos militares;
    iii) Dirigir intencionalmente ataques contra personal, instalaciones, material, unidades o vehículos participantes en una misión de mantenimiento de la paz o de asistencia humanitaria de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas, siempre que tengan derecho a la protección otorgada a civiles u objetos civiles con arreglo al derecho internacional de los conflictos armados;
    iv) Lanzar un ataque intencionalmente, a sabiendas de que causará pérdidas de vidas, lesiones a civiles o daños a objetos de carácter civil o daños extensos, duraderos y graves al medio natural que sean claramente excesivos en relación con la ventaja militar general concreta y directa que se prevea;
    v) Atacar o bombardear, por cualquier medio, ciudades, aldeas, pueblos o edificios que no estén defendidos y que no sean objetivos militares;
    vi) Causar la muerte o lesiones a un enemigo que haya depuesto las armas o que, al no tener medios para defenderse, se haya rendido a discreción;
    vii) Utilizar de modo indebido la bandera blanca, la bandera nacional o las insignias militares o el uniforme del enemigo o de las Naciones Unidas, así como los emblemas distintivos de los Convenios de Ginebra, y causar así la muerte o lesiones graves;
    viii) El traslado, directa o indirectamente, por la Potencia ocupante de parte de su población civil al territorio que ocupa o la deportación o el traslado de la totalidad o parte de la población del territorio ocupado, dentro o fuera de ese territorio;
    ix) Los ataques dirigidos intencionalmente contra edificios dedicados al culto religioso, las artes, las ciencias o la beneficencia, los monumentos, los hospitales y los lugares en que se agrupa a enfermos y heridos, siempre que no sean objetivos militares;
    x) Someter a personas que estén en poder del perpetrador a mutilaciones físicas o a experimentos médicos o científicos de cualquier tipo que no estén justificados en razón de un tratamiento médico, dental u hospitalario, ni se lleven a cabo en su interés, y que causen la muerte o pongan gravemente en peligro su salud;
    xi) Matar o herir a traición a personas pertenecientes a la nación o al ejército enemigo;
    xii) Declarar que no se dará cuartel;
    xiii) Destruir o confiscar bienes del enemigo, a menos que las necesidades de la guerra lo hagan imperativo;
    xiv) Declarar abolidos, suspendidos o inadmisibles ante un tribunal los derechos y acciones de los nacionales de la parte enemiga;
    xv) Obligar a los nacionales de la parte enemiga a participar en operaciones bélicas dirigidas contra su propio país, aunque hubieran estado a su servicio antes del inicio de la guerra;
    xvi) Saquear una ciudad o una plaza, incluso cuando es tomada por asalto;
    xvii) Veneno o armas envenenadas;
    xviii) Gases asfixiantes, tóxicos o similares o cualquier líquido, material o dispositivo análogo;
    xix) Balas que se abran o aplasten fácilmente en el cuerpo humano, como balas de camisa dura que no recubra totalmente la parte interior o que tenga incisiones;
    xx) Emplear armas, proyectiles, materiales y métodos de guerra que, por su propia naturaleza, causen daños superfluos o sufrimientos innecesarios o surtan efectos indiscriminados en violación del derecho humanitario internacional de los conflictos armados, a condición de que esas armas o esos proyectiles, materiales o métodos de guerra, sean objeto de una prohibición completa y estén incluidos en un anexo del presente Estatuto en virtud de una enmienda aprobada de conformidad con las disposiciones que, sobre el particular, figuran en los artículos 121 y 123;
    xxi) Cometer ultrajes contra la dignidad de la persona, en particular tratos humillantes y degradantes;
    xxii) Cometer actos de violación, esclavitud sexual, prostitución forzada, embarazo forzado, definido en el apartado f) del párrafo 2 del artículo 7, esterilización forzada y cualquier otra forma de violencia sexual que constituya una violación grave de los Convenios de Ginebra;
    xxiii) Aprovechar la presencia de civiles u otras personas protegidas para que queden inmunes de operaciones militares determinados puntos, zonas o fuerzas militares;
    xxiv) Dirigir intencionalmente ataques contra edificios, material, unidades y vehículos sanitarios, y contra personal habilitado para utilizar los emblemas distintivos de los Convenios de Ginebra de conformidad con el derecho internacional;
    xxv) Provocar intencionalmente la inanición de la población civil como método de hacer la guerra, privándola de los objetos indispensables para su supervivencia, incluido el hecho de obstaculizar intencionalmente los suministros de socorro de conformidad con los Convenios de Ginebra;
    xxvi) Reclutar o alistar a niños menores de 15 años en las fuerzas armadas nacionales o utilizarlos para participar activamente en las hostilidades;
    c) En caso de conflicto armado que no sea de índole internacional, las violaciones graves del artículo 3 común a los cuatro Convenios de Ginebra de 12 de agosto de 1949, a saber, cualquiera de los siguientes actos cometidos contra personas que no participen directamente en las hostilidades, incluidos los miembros de las fuerzas armadas que hayan depuesto las armas y los que hayan quedado fuera de combate por enfermedad, lesiones, detención o por cualquier otra causa:
    i) Actos de violencia contra la vida y la persona, en particular el homicidio en todas sus formas, las mutilaciones, los tratos crueles y la tortura;
    ii) Los ultrajes contra la dignidad personal, en particular los tratos humillantes y degradantes;
    iii) La toma de rehenes;
    iv) Las condenas dictadas y las ejecuciones efectuadas sin sentencia previa pronunciada por un tribunal constituido regularmente y que haya ofrecido todas las garantías judiciales generalmente reconocidas como indispensables.
    d) El párrafo 2 c) del presente artículo se aplica a los conflictos armados que no son de índole internacional, y por lo tanto no se aplica a situaciones de disturbios o tensiones internos, tales como motines, actos aislados y esporádicos de violencia u otros actos de carácter similar.
    e) Otras violaciones graves de las leyes y los usos aplicables en los conflictos armados que no sean de índole internacional, dentro del marco establecido de derecho internacional, a saber, cualquiera de los actos siguientes:
    i) Dirigir intencionalmente ataques contra la población civil como tal o contra civiles que no participen directamente en las hostilidades;
    ii) Dirigir intencionalmente ataques contra edificios, material, unidades y vehículos sanitarios y contra el personal habilitado para utilizar los emblemas distintivos de los Convenios de Ginebra de conformidad con el derecho internacional;
    iii) Dirigir intencionalmente ataques contra personal, instalaciones, material, unidades o vehículos participantes en una misión de mantenimiento de la paz o de asistencia humanitaria de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas, siempre que tengan derecho a la protección otorgada a civiles u objetos civiles con arreglo al derecho de los conflictos armados;
    iv) Dirigir intencionalmente ataques contra edificios dedicados al culto religioso, la educación, las artes, las ciencias o la beneficencia, los monumentos, los hospitales y otros lugares en que se agrupa a enfermos y heridos, a condición de que no sean objetivos militares;
    v) Saquear una ciudad o plaza, incluso cuando es tomada por asalto;
    vi) Cometer actos de violación, esclavitud sexual, prostitución forzada, embarazo forzado, definido en el apartado f) del párrafo 2 del artículo 7, esterilización forzada o cualquier otra forma de violencia sexual que constituya también una violación grave del artículo 3 común a los cuatro Convenios de Ginebra;
    vii) Reclutar o alistar niños menores de 15 años en las fuerzas armadas o utilizarlos para participar activamente en hostilidades;
    viii) Ordenar el desplazamiento de la población civil por razones relacionadas con el conflicto, a menos que así lo exija la seguridad de los civiles de que se trate o por razones militares imperativas;
    ix) Matar o herir a traición a un combatiente enemigo;
    x) Declarar que no se dará cuartel;
    xi) Someter a las personas que estén en poder de otra parte en el conflicto a mutilaciones físicas o a experimentos médicos o científicos de cualquier tipo que no estén justificados en razón del tratamiento médico, dental u hospitalario de la persona de que se trate ni se lleven a cabo en su interés, y que provoquen la muerte o pongan gravemente en peligro su salud;
    xii) Destruir o confiscar bienes del enemigo, a menos que las necesidades de la guerra lo hagan imperativo;
    f) El párrafo 2 e) del presente artículo se aplica a los conflictos armados que no son de índole internacional, y, por consiguiente, no se aplica a situaciones de disturbios y tensiones internas, como motines, actos aislados y esporádicos de violencia u otros actos de carácter similar. Se aplica a los conflictos armados que tienen lugar en el territorio de un Estado cuando existe un conflicto armado prolongado entre las autoridades gubernamentales y grupos armados organizados o entre tales grupos.
    3. Nada de lo dispuesto en los párrafos 2 c) y d) afectará a la responsabilidad que incumbe a todo gobierno de mantener y restablecer el orden público en el Estado y de defender la unidad e integridad territorial del Estado por cualquier medio legítimo.
    Artículo 9
    Elementos del crimen
    1. Los Elementos del crimen, que ayudarán a la Corte a interpretar y aplicar los artículos 6, 7 y 8 del presente Estatuto, serán aprobados por una mayoría de dos tercios de los miembros de la Asamblea de los Estados Partes.
    2. Podrán proponer enmiendas a los Elementos del crimen:
    a) Cualquier Estado Parte;
    b) Los magistrados, por mayoría absoluta;
    c) El Fiscal.
    Las enmiendas entrarán en vigor cuando hayan sido aprobadas por una mayoría de dos tercios de los miembros de la Asamblea de los Estados Partes.
    3. Los Elementos del crimen y sus enmiendas serán compatibles con lo dispuesto en el presente Estatuto.
    Artículo 10
    Nada de lo dispuesto en la presente parte se interpretará en el sentido de que limite o menoscabe de alguna manera las normas existentes o en desarrollo de derecho internacional para fines distintos del presente Estatuto.
    Artículo 11
    Competencia temporal
    1. La Corte tendrá competencia únicamente respecto de crímenes cometidos después de la entrada en vigor del presente Estatuto.
    2. Si un Estado se hace Parte en el presente Estatuto después de su entrada en vigor, la Corte podrá ejercer su competencia únicamente con respecto a los crímenes cometidos después de la entrada en vigor del presente Estatuto respecto de ese Estado, a menos que éste haya hecho una declaración de conformidad con el párrafo 3 del artículo 12.
    Artículo 12
    Condiciones previas para el ejercicio de la competencia
    1. El Estado que pase a ser Parte en el presente Estatuto acepta por ello la competencia de la Corte respecto de los crímenes a que se refiere el artículo 5.
    2. En el caso de los apartados a) o c) del artículo 13, la Corte podrá ejercer su competencia si uno o varios de los Estados siguientes son Partes en el presente Estatuto o han aceptado la competencia de la Corte de conformidad con el párrafo 3:
    a) El Estado en cuyo territorio haya tenido lugar la conducta de que se trate, o si el crimen se hubiere cometido a bordo de un buque o de una aeronave, el Estado de matrícula del buque o la aeronave;
    b) El Estado del que sea nacional el acusado del crimen.
    3. Si la aceptación de un Estado que no sea Parte en el presente Estatuto fuere necesaria de conformidad con el párrafo 2, dicho Estado podrá, mediante declaración depositada en poder del Secretario, consentir en que la Corte ejerza su competencia respecto del crimen de que se trate. El Estado aceptante cooperará con la Corte sin demora ni excepción de conformidad con la Parte IX.
    Artículo 13
    Ejercicio de la competencia
    La Corte podrá ejercer su competencia respecto de cualquiera de los crímenes a que se refiere el artículo 5 de conformidad con las disposiciones del presente Estatuto si:
    a) Un Estado Parte remite al Fiscal, de conformidad con el artículo 14, una situación en que parezca haberse cometido uno o varios de esos crímenes;
    b) El Consejo de Seguridad, actuando con arreglo a lo dispuesto en el Capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas, remite al Fiscal una situación en que parezca haberse cometido uno o varios de esos crímenes; o
    c) El Fiscal ha iniciado una investigación respecto de un crimen de ese tipo de conformidad con lo dispuesto en el artículo 15.
    Italia, España e Ibero América pertenecen a la familia romano germánica en la cual la ley es la fuente de Derecho por excelencia. El Código Civil italiano de 1942 ha sido influenciado en la parte de contratos por el Código Civil alemán de 1900 y por el Código Civil suizo de las obligaciones de 1917, y por ello el pandectismo alemán y el método sistemático tuvieron una influencia importante. Una importante característica del sistema italiano es la inaplicabilidad de la regla romano germánica de que la mejor forma de hallar soluciones justas que impone el Derecho consiste en que los juristas operen a partir de las disposiciones legales. Por el contrario, la jurisprudencia y la doctrina italianas tienen un rol relevante con relación a la fuente legal. El Código Civil español de 1889 tuyo una gran influencia del Código Civil francés de 1804, de allí el predominio de la legislación sobre las otras fuentes del Derecho a través del método exegeta el sistema sé auto integraba, de modo que de presentarse una laguna jurídica debía buscarse la respuesta en el interior del propio sistema legislativo. Sin embargo, para evitar esas lagunas se busca en las demás fuentes del derecho como son las costumbres, el mismo Derecho Internacional, en el Derecho Romano, en el Derecho Canónico etc., en España la doctrina se ha convertido en una fuente complementaria a la ley. En Ibero América, las leyes una fuente predominante la cual es complementada por la jurisprudencia. Es importante señalar que la doctrina ha adquirido paulatinamente una importancia inusitada en el ámbito jurídico ibero América. Las funciones de describir, explicar, sistematizar, criticar y aportar soluciones han surgido precisamente de la doctrina2en lugar de la ley y de la jurisprudencia iberoamericanas. Este planteamiento significa asignar a la ciencia jurídica la calidad de fuente de derecho positivo La aspiración suprema de la ciencia jurídica es reproducir o reconstruir el ordenamiento jurídico en su estructura sistemática, esto es, como un conjunto de normas jerarquizadas y coordinadas entre sí a través de los principios jurídicos fundamentales. Entonces, la ciencia jurídica, como expresión de la doctrina científica y como productora de normas jurídicas, es parte integrante del ordenamiento jurídico5. Es función de la doctrina, descubrir los primeros estratos de sustentación de las normas jurídicas elaboradas por los órganos facultados brindando así, de la crítica demoledora y de la elaboración constructiva, las pautas de donde fluirán los intentos reformadores y los impulsos de la creación del derecho nuevo. En esta ocasión nos referiremos al significado no en la inexistencia del acto en el derecho civil, que esto resulta claro al faltarle un elemento de los llamados esenciales (voluntad, discernimiento y libertad) sino nos referiremos a la inexistencia del acto en el código procesal y nos basaremos en el Teóricos Franceses, Aubry et Rau son el primero en definirlo al indicar que, el acto al que le falta un elemento esencial –sin el cual no puede concebirse su existencia, debe considerarse como no sucedido. ,entonces definimos el acto procesal inexistente como. Aquel acto al que le falta los presupuestos procésales para constituir una relación jurídica procesal .En nuestro derecho no existe como en Italia la diferenciación entre nulidad, anulabilidad e inexistencia Oskar Von Bullow el primero que concibió la idea de relación procesal en el sentido moderno En 1868 cuando publico su obra Die Lehré von den Processeinreden und die Processvoraussetzunger, decía “…el proceso es una relación de derechos y obligaciones reciprocas ,es decir, una relación jurídica …” también señalo el carácter continuo de la relación y su constante transformación menta unitariedad de la misma, es decir “ sin embargo ,los juristas romanos no se habían quedado con la idea superficial del proceso como pura seria de actos del juez y las partes , sino que habían concebido la naturaleza de aquel como una relación jurídica unitaria (judicium) .En nuestros derecho para la Ley procesal todos los actos pueden adolecer de una nulidad relativa , es por dichos de la doctrina que todas las nulidades pueden ser salvadas o susceptible de convalidarse por el consentimiento expreso o presuntos de las partes a quienes perjudica. Entonces comenzamos con nuestro tema que pasaría con una sentencia dictada por Juez competente en un proceso fraudulento como ejemplo , entonces esta sentencia adolece de un vicio susceptible de pedirse no la nulidad sino la inexistencia del acto ,debe considerarse como un no acto, y debe ser acogida por los Jueces ,porque ese acto fallo en unos elementos esenciales y resulta un acto jurídico procesal al que le faltan los elementos esenciales para ser considerado tal es un acto inexistente , no nulo ,Como indicaron los autores Franceses expositores de la teoría , los actos aparentes- no reales- no producen efecto alguno El acto inexistente adolece de ineficiencia absoluta, no puede ser confirmado, ni convalidado, ni necesita ser invalidado. No hace cosa juzgada CONCLUSIÓN : de todo lo manifestado podemos sacar la siguiente conclusiones si bien en la legislación vigente no establece el instituto de ACTOS INEXISTENTE ello deriva de un acto contrario a las normas sean jurídicas como administrativas, cuando hablamos de actos inexistentes decimos nada, no son actos jurídico o administrativos, o sea no pueden convalidarse siendo labor de los juristas resolver en todo los casos el establecimiento de estas prerrogativas nacidas de mano de los teóricos Franceses y no puede ni debe negarse porque hace a la esencia del derecho que apelamos. Pero recordemos en este breve resumen que son los actos nulos o anulables en nuestra legislación porque muchos de nosotros omitimos el uso de los actos inexistente y por defecto profesional muchas veces hablamos de nulidad como panacea a todos los conflictos que suceden, estamos hablando de un error procesal o sea un error in procediendo ,cuantas veces vemos que en los considerando de una sentencia el juez no accede a hechos sean de la demanda o la contestación de la demanda y podemos ver en sus considerando una visión errada del conflicto y claro apelamos agraviados ante la Cámara, en cuanto tendríamos que pedir siendo falso el considerando es inexistente y si es inexistente el antecedente resulta un acto inexistente la sentencia y ello debemos apelar para que sea el Señor Juez reconociendo su error realice una nueva contemplación de los hechos y dicte acorde a derecho su sentencia ( errar humanum es) .JURISPRUDENCIA Esta Suprema Corte tiene fijada como doctrina legal:
    1. Que en el derecho civil argentino el acto jurídico inexistente configura un supuesto diverso del acto jurídico nulo o anulable.
    2. Que el párrafo final del art. 1051 del Código Civil no resulta aplicable a la inexistencia (conf. causa Ac. 31.354, sent. del 7 XII 82; “Acuerdos y Sentencias”, 1985 I 141).
    Uno y otro criterios han sido transgredidos por el fallo en recurso al extender a un acto en el que se prescindió totalmente de la voluntad del titular de un derecho para transferirlo (acto inexistente) la aplicación del mencionado art. 1051 del Código Civil.
    La sentencia debe, en consecuencia, ser casada, restituyéndose la de primera instancia, con costas. Ya esta Corte ha tenido oportunidad de calificar a estos actos como inexistentes (v. causa Ac. 31.354, sent. del 7 XII 82 y “Acuerdos y Sentencias”, 1985 I 141). Se dijo en la última de las causas citadas que se trata en rigor del acto non avenu que llevara a Aubry y Rau (“Cours de Droit Civil Francais”, 4ª ed., t. I, pág. 118) a decir que el acto que no reúne los elementos que suponen su naturaleza y en cuya ausencia resulta imposible pensar en su existencia, ha de considerárselo, no sólo como nulo, sino como “no sucedido” o “no acontecido”.
    Por descontado que al aceptarse que el acto sea jurídicamente irrelevante las proyecciones de su eficacia, como antecedente de determinadas consecuencias, adquieren una mayor extensión que la que puede corresponder a la nulidad de mayor entidad posible.
    En rigor nulidad e inexistencia atienden a dos niveles distintos de planteo; en el caso de la nulidad se está ante un acto que tiene existencia pero cuya eficacia, por causas anteriores o coetáneas con el propio acto, está afectada en el parámetro de su validez o invalidez como productor de los efectos propios al que el acto estaba destinado. Cuando el acto, por circunstancias relativas a su esencialidad, no puede nacer a la vida del derecho, su ineficacia parte de su no existir y nada puede quedar de él más de la constatación de su inexistencia, ni siquiera bajo la expresión de la obligación natural (art. 515, C.Civ.). El acto jurídicamente inexistente tiene proyección como hecho jurídico, no como acto negocial que haga pie en el art. 944 del Código Civil para proyectarse en toda la normativa que toma en cuenta a esta especial expresión de la voluntad jurídica y vinculante.
    Como lo sostiene López Olaciregui (en Salvat, Parte General, Ad. 2641, t. II, pág. 764), cuando hay “vicio” ha de recurrirse a la teoría de las nulidades, en tanto que cuando no hay otorgamiento del acto se está frente a supuestos de inexistencia.
    Debe tenerse presente que todos los actos de expresión de voluntad destinados a producir efectos de derecho, que constituyen la sustancia de todas las convenciones o contratos son jurídicamente vinculantes porque la ley a la voluntad expresada le asignan efectos. Es así que el art. 944 del Código Civil señala que “son actos jurídicos los actos voluntarios lícitos que tengan por efecto inmediato establecer entre las personas relaciones jurídicas…”, en tanto que son actos voluntarios los hechos humanos realizados con discernimiento, intención y libertad y que hayan sido exteriorizados suficientemente (arts. 927 y 913, C. Civ.). La realización del acto concierne a la problemática de su existencia, en la alternativa de que alguien realice un acto o no lo realice; los elementos internos: discernimiento, intención y libertad, o externos: exteriorización de la voluntad con ajuste a las formas requeridas, conciernen a la temática de su validez. Si alguien no otorga el acto para él no existe. Y esto es algo más que una inoponibilidad porque el acto que es inexistente para quien no lo otorgó, igualmente lo es para todos quienes hayan participado en él. En cambio, si el acto aparece viciado o defectuoso, en grado previsto por la ley, con afectación de sus elementos constitutivos, el acto es o existe, pero podrá ser nulo, anulable (actos inválidos) o simplemente inoponible (actos ineficaces respecto de alguien, como ocurre, v. gr., en el caso de la acción pauliana).
    Los actos jurídicamente inexistentes no son confirmables, ni prescriptibles (C.S.N. in re “Explotadora de Tierra del Fuego S.A. c/Gobierno Nacional”, sent. del 6 XI 39, en J.A., t. 68, pág. 444, con cita de un caso anterior publicado en “Fallos”, t. 179, pág. 249, publicado en J.A., t. 23, pág. 645), no producen efecto alguno (Cordeiro Alvarez, E., “El acto jurídico inexistente”, en Bol. de Inst. de Der. Civ. de la U.N. de Córdoba, año VII, oct. dic. de 1942, pág. 254, Llambías, J.J., “Vigencia de la teoría del acto inexistente”, en Rev. de la Fac. de Der. y C. Soc. de la U.N.B.A., año III, nº 11, jul. set. de 1948, pág. 650 Borda, G.A., “Parte general”, ed. 1976, t. II, pág. 425, nº 1263; S.C.B.A., en “La Ley”, t. 79, pág. 457).
    2. Definido el punto anterior, creo oportuno reiterar los conceptos vertidos en el precedente registrado en “Acuerdos y Sentencias”, 1978 III 173, respecto de la pretendida aplicación del art. 1051 del Código Civil a los actos inexistentes.
    Se dijo en dicha causa que el art. 1051, última parte, en su literalidad no protege a los terceros adquirentes de buena fe y a título oneroso sino cuando su título emanare de un acto nulo o anulable, no contemplando la hipótesis del acto inexistente. Y de ahí que se haya sostenido, con toda lógica, que en ese supuesto el tercero no puede ampararse en el art. 1051 para repeler la acción reipersecutoria del propietario despojado (v. Borda, op. cit., pág. 436, núm. 1279).
    Las razones de quienes sostienen tal amparo, sobre la base de los principios de la buena fe, de la apariencia y la regularidad de los asientos registrales (vgr. Spota, “Curso sobre temas de Derecho Civil”, Buenos Aires, 1971, págs. 24 y sgtes.) no son suficientes para hacer nacer un derecho de un acto ilícito. Quien es despojado mediante una falsificación, sin haber intervenido para nada en actos que hayan dado origen a la cuestionada transmisión del dominio (a diferencia, vgr., de quien ha sufrido error o dolo), debe merecer la tutela jurídica de su derecho, por más respetable que pueda parecer la situación de quien, de buena fe, ha adquirido un inmueble como resultado final de la maquinación. En la disyuntiva de proteger a uno u otro al despojado o al estafado , por encima de las teóricas razones de cambio o progreso jurídico o las apelaciones a la doctrina de la apariencia y la buena fe, hay una noción de justicia elemental que señala que todo debe volver, en lo posible, al estado originario; la primera víctima de un delito debe ser resarcida con prioridad a la segunda.
    La doctrina, en general, y con diversos argumentos o desde distintos puntos de vista, ha considerado inconveniente llevar la protección del tercero de buena fe al extremo de aceptar la intangibilidad de su título cuando éste es producto, en última instancia, de una falsificación. Así, Alsina Atienza ha señalado justamente que “…al propenderse tan fuertemente a la llamada seguridad dinámica, se minan las bases de la seguridad estática, y se dan al adquirente de buena fe garantías ilusorias, ya que ese adquirente de hoy será fácil presa de la expropiación de mañana, en los altares de la apariencia jurídica” (v. “Los derechos reales en la reforma del Código Civil”, “J.A.”, doctrina 1969, pág. 457). Y sigue ese autor: “Y todavía podrá sostenerse que el sacrificio de la propiedad privada en aras del interés social clamaría por una indemnización, por aplicación de la doctrina de la expropiación pública; idea que ha inspirado la fe pública de algunos regímenes inmobiliarios, como el Torrens, en los cuales existe un fondo de compensaciones, formado con los aportes de todos los que voluntariamente se acogen a los beneficios del sistema (especie de seguro social o de socialización del riesgo): …el verdadero ideal en la materia”. Es bien sabido, por lo demás, que ese distinguido jurista, que piensa que la redacción actual del art. 1051 conduce a una solución indeseable, aunque inevitable (v. op. cit., pág. 471), propuso, cuando era miembro de la Comisión Reformadora de 1968, un agregado al párrafo final del art. 1051, mediante el cual se dejaba a cubierto del derecho del propietario del inmueble para el supuesto de falsedad de escritura pública (ídem).
    También Jorge Horacio Alterini ha juzgado excesivo hacer derivar la protección del tercero adquirente, en casos como el de autos, del art. 1051, estimando que el acto es inoponible para el propietario, pues “generalmente detrás de la escritura falsificada hay una venta de cosa ajena, y la venta de cosa ajena es un acto inoponible para el dueño que no participó en el negocio” (v. “El art. 1051 del Código Civil y el acto inoponible”, en “J.A.”, doctrina 1971, págs. 634 y sgtes., esp. pág. 641); la apariencia jurídica es atendible, pero no “en medida tal que hasta lleve a superar en los inmuebles la tutela que se concede en los muebles” (op. cit., pág. 640). Elías P. Guastavino recuerda que las Quintas Jornadas de Derecho Civil en 1971 declararon que “el principio que inspira el art. 1051 in fine no debe cubrir aquellos supuestos en los que no medie un acto que emane del titular del derecho de que se trate, sino sólo una falsedad instrumental, a menos que se arbitre una compensación para dicho titular” y que “el art. 1051 in fine admite ser interpretado en el sentido de que la salvedad es inaplicable cuando no existe título que emana del titular del derecho, como en el caso de falsedad de escritura pública” (v. “La protección a terceros adquirentes de inmuebles”, “J.A.”, doctrina 1973, págs. 93 y sgtes., esp. pág. 107). Y Hernán Cortés, aun juzgando que un acto como el que trata esta causa sería nulo de nulidad absoluta o, según prefiere, anulable de nulidad absoluta, coincide también en que no cabe aplicar, en mérito a diversas razones que aquí no es del caso reseñar, el párrafo final del art. 1051 (v. “Los efectos contra terceros de la nulidad de los actos jurídicos y la reforma de la ley 17.711”, en “La Ley”, t. 139, pág. 906 y sgtes.).
    3. No puedo dejar de manifestar la extrañeza que provoca la circunstancia de que los precedentes que me he ocupado de reiterar hayan sido olímpicamente ignorados por la alzada. No pretendo un ciego seguimiento a los pronunciamientos de esta Corte, ni tampoco teorizar sobre el valor obligatorio de ellos, pero sí considero que los tribunales inferiores tienen el deber moral de conocer la doctrina legal del superior y sea por la razón que fuere si no la comparten, marcar sus diferencias.
    Como lo sostuviera esta Corte en anteriores oportunidades (y casualmente frente al mismo tribunal de alzada), el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley tiende a procurar y mantener unidad en la jurisprudencia y este propósito se frustraría si los tribunales de grado, apartándose del criterio de la Corte, insistiesen en propugnar soluciones que irremisiblemente habrían de ser casadas. Esto no menoscaba el deber de los jueces de fallar según su ciencia y conciencia, pues les basta con dejar a salvo sus opiniones personales (conf. causas Ac. 31.507, sent. del 26 X 82; Ac. 31.996, sent. del 17 V 83).
    4. El tribunal a quo ha aplicado erróneamente el art. 1051 del Código Civil y la doctrina legal de esta Corte al respecto. Propongo por ello hacer lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, casar la sentencia impugnada y mantener la de primera instancia; con costas (arts. 68 y 289, C.P.C.).
    Por lo que leyendo bien la jurisprudencia se vera del error que a veces acometemos, porque en muchos cotos de la administración publica en ves de proclamar la inexistencia del acto , declaman la nulidad, siendo como queda explicado dos conceptos diferentes, la nulidad esta establecido en el Código de Procedimientos Civil y Comercial la inexistencia del acto es ante proceso es un sino del proceso.
    JORGE ENRIQUE BERMAN

    Que dejo constancia como autor intelectual al Fiscal Internacional Rwanda 1994 DR BERMAN JORGE ENRIQUE del presente escrito.

    DERECHO : QUE baso mis palabras en la Constitución Nacional, Reglamento de la corte, Actos inexistentes
    PRUEBA .la documental acompañada es por si locuaz de nuestra intencionalidad y tengansen por prueba aportada
    PETITORIO : por lo expuesto
    Se me tenga el domicilio legal constituido
    Se tenga presente lo acompañado
    Se de traslado al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y Gobierno de la Nacion argentina
    Se dicte sentencia correspondiente y se ordene la inmediata cese de la vulnerabilidad de nuestra constitución, se condene por costas al Estado Nacional ,con los intereses que estime corresponder mas el daño a la intimidad que causaron

    PROVEER DE CONFORMIDAD
    SERA JUSTICIA

    NO ES EN DEFEENSA NO IMPORTA QUIEN SE OFENDA PERO TODOS DEBEMOS RESPETAR LA CONSTITUCION

  35.   dori dijo

    somos una pareja de españoles con tre ijos al cargo estamos en la calle aber si nos podeis ayudar alguien a conseguir una casa estamos en paro no cobramos nada no nos ayudan nadie porfavor acer el favor si alguien nos puede ayudar ponersos en contacto a este telefono 619082352 preguntar por dori

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